Para The Economist, México ya no es más una democracia. En la edición de este año del índice de democracia, nos califican como un sistema híbrido, y considerando que los 15 años previos habíamos estado como democracia fallida, la dirección no parece estar en duda: vamos rumbo al autoritarismo.
Los seguidores del Presidente afirman que no podemos hablar de un sistema autoritario porque seguimos opinando sin sufrir por ello. La afirmación no es totalmente cierta, como lo muestran decenas de periodistas que han muerto por ausencia del Estado, y más de un puñado de colegas que han perdido espacios, o han sufrido amenazas, debido a los incesantes ataques desde el púlpito mañanero.
De cualquier forma, ésa es una pésima defensa, porque para cuando ya no podamos opinar, será porque tiempo atrás México habrá dejado de ser un país de libertades. No es la libertad de opinar la primera que se pierde. Antes de ello, el derecho a participar en la definición del gobierno puede haber desaparecido, como lo intenta ya López Obrador a través del ‘descuartizamiento’ del INE. No se trata de un conflicto personal con Lorenzo Córdova o Ciro Murayama, ni es revancha por su derrota de 2006, que ha querido hacer pasar por fraude. No, se trata de evitar que los mexicanos decidan terminar con su “transformación”, que no es otra cosa que la restauración autoritaria que hace décadas representa López Obrador.
Cuando él se quejó de fraude en 2006, no pudo jamás probar su afirmación. Nunca solicitó el conteo general de los votos, y donde sí lo hizo, no cambió el resultado; reclamó dichos del entonces presidente Fox, que no son nada comparado con lo que él hace todos los días; exigió castigo a empresas porque su publicidad utilizaba ciertos colores o frases, que tampoco pueden equipararse a lo que hoy hacen sus candidatos. Es un farsante, como es evidente para cualquiera que no esté cegado por el fanatismo o el interés.
La entrega de la máxima presea nacional al dictador cubano, burócrata de quinta a cargo de los intereses de los hermanos Castro, es un gesto más que confirma la voluntad autocrática de López Obrador. Se suma a la ‘contratación’ de ‘médicos’ de aquel país, que deben ser, como lo fueron en Venezuela, la vanguardia que precede al saqueo. Pero México no es Venezuela.
Impedir que continúe este proceso de restauración autoritaria es lo más importante que debemos atender hoy. Aunque nos sobran problemas, porque a los que ya teníamos este gobierno ha sumado varios más, no creo que haya duda de la prioridad. Si perdemos la capacidad de elegir a nuestro gobierno, perdemos todo lo demás.
Por ello, esta columna insiste en que no es momento de irnos a detalles que dispersen la discusión y dividan a la ciudadanía. No estamos en el tiempo de afinar programas o proponer proyectos. Quienes recomiendan ese camino pecan de ingenuidad, si acaso lo hacen de buena fe. Ahora tenemos que asegurar elecciones limpias, equitativas, donde nosotros mismos contemos los votos, como lo hemos hecho desde 1997. Después, se podrá atender lo demás.
Una oposición dividida, frente a un gobierno autoritario y corrupto, es lo que destruyó a Venezuela. Es lo que permitió el control de los cubanos, el saqueo y la transformación del Ejército de ese país en poco más que un cártel criminal.
Una ciudadanía unida, concentrada, demostrando públicamente sus convicciones democráticas, es el antídoto al deterioro institucional y la restauración autoritaria. Como ocurre con las avenidas de agua, los caminos y canales aparecen conforme se van requiriendo. Pero sin afluencia, sin corriente, no hay más que tierra árida, yerma, infértil. Todos a la calle el 26 de febrero.