La elección de 1988 fue un fracaso. Nunca se terminaron de contar los votos, y estuvimos al borde de un gran conflicto social, que se evitó gracias a la moderación de los opositores: Cuauhtémoc, Clouthier, etcétera. El responsable de la elección fue Manuel Bartlett, quien dos años antes había llevado a cabo una reforma electoral que concentró en el gobierno federal la conducción de los comicios y amplió el número de diputados para darle al PRI posiciones entre los llamados “diputados de partido”, ahora de representación proporcional.
La reforma electoral de 1986 fue la causa de esa elección fallida. Frente al crecimiento de la oposición registrado entre 1982 y 1985, Bartlett intentó cerrar los espacios, y el resultado fue la peor elección de los tiempos del régimen de la Revolución, y aceleró su derrumbe. Si usted nota paralelos entre esa reforma y la que hoy ha intentado infructuosamente López Obrador, no es coincidencia. Por cierto, la reforma de 1986 y la de ahora son las únicas dos que se promovieron en la segunda mitad de un sexenio.
La reforma actual se intentó primero por vía constitucional, y no se logró. Por ello modificaron leyes, que por razón obvia son inconstitucionales, para intentar su aplicación. La Corte lo ha frenado, como debió hacerlo con la ley eléctrica, que siguió el mismo camino y tuvo el mismo origen: Manuel Bartlett. Gracias a él, tenemos ahora un panel pendiente al interior del T-MEC que podría costarle a México decenas de miles de millones de dólares. Este daño patrimonial potencial responde a la idea de que el gobierno debe ser el único proveedor de energéticos, algo imposible. Es una obsesión de Bartlett desde hace décadas, que comparte López Obrador, en parte por su historia personal, pero sobre todo porque eso incrementa su poder personal.
La semana pasada se presentaron dos iniciativas de ley. Una para modificar el marco legal de la minería, el otro para la administración pública. Ambas buscan incrementar la presencia del gobierno a costa de la iniciativa privada. Se propone limitar las concesiones mineras a un máximo de 15 años, con lo que muchos proyectos dejarían de tener sentido. Más grave aún, se aplicaría retroactivamente, dañando seriamente inversiones ya hechas, lo que seguramente provocará nuevos conflictos en el marco del T-MEC. La que se refiere a la administración pública es similar, y se aplicaría para que el gobierno pueda incumplir contratos sin indemnización, también de aplicación retroactiva. Ambas iniciativas parecen ser también de la autoría, o al menos la inspiración, de Manuel Bartlett.
Este personaje, amargado y altanero desde siempre, parece estar dedicado a destruir el país que nunca logró gobernar. Desde niño supo de conflictos políticos, cuando su padre fue defenestrado en Tabasco gracias a las maniobras de Carlos Madrazo. Esto no obstó para que, años después, se convirtiera en cercano colaborador del “reformador” del PRI, a quien acompañó en su derrota. Regresó de la mano de Moya Palencia, otro que no pudo alcanzar la Presidencia, y de ahí, aprovechando su paso por el PRI de Madrazo, logró instalarse en el primer nivel de gobierno en el sexenio de De la Madrid, desde donde buscó, infructuosamente, convertirse en presidente.
Sus abundantes derrotas políticas, sin embargo, no impidieron que acumulase grandes riquezas, como es sabido. Pero el resentimiento frente a aquellos que lo pusieron en primer nivel y luego no le cedieron la Presidencia es inmenso. A fin de cuentas, es otro representante de ese viejo PRI echeverrista, convencido de que un gobierno monstruoso, deforme y desmesurado, pero controlado por él, es la mejor opción para México. Es el arquetipo del movimiento político que lidera alguien idéntico, pero mucho menos inteligente.