Los recursos con que cuenta un gobierno son limitados. Decidir qué hacer con ellos implica cancelar múltiples opciones que no son elegidas. Por eso, las decisiones deben tener fundamento y deben ser evaluadas y aprobadas por distintos funcionarios. En el tiempo, se ha desarrollado un cuerpo de conocimiento que permite evaluar de la mejor manera las políticas públicas, que es como se denominan esas decisiones. En gobiernos democráticos, cada decisión importante debe contar con fundamentación, proyecto ejecutivo, evaluación de impacto, matriz de análisis, entre otras cosas.
En el gobierno actual no existe alguna decisión, importante o no, que haya pasado por este proceso. Todas las decisiones las toma una sola persona, por ocurrencia propia o porque alguien lo convenció, y no tienen más evaluación que el impacto que pueden tener en el poder que esa persona acumula. Así se decidió cancelar el aeropuerto, centralizar la compra de medicamentos, cerrar Progresa-Oportunidades y el Seguro Popular, cancelar escuelas de tiempo completo y estancias infantiles, construir Dos Bocas y el Tren Maya, y ahora así se ha decidido comprarle a Iberdrola poco más de una decena de plantas, ya en operación, que le costarán al gobierno alrededor de 6 mil millones de dólares y le darán al país un incremento de generación de cero vatios.
Esto significa inversión extranjera negativa: Iberdrola se llevará sus 6 mil millones de dólares para invertir en Estados Unidos (según versiones de prensa), y no habremos obtenido ni un peso de infraestructura adicional. Muy posiblemente significa un incremento en el costo final de la energía, porque CFE genera a precios notoriamente mayores que Iberdrola (30 por ciento). Al concentrar el mercado a favor de CFE, esto significa mayor riesgo de tarifas elevadas, que pueden abaratarse mediante subsidios, lo que implica que el Presidente puede decidir quién paga de más y quién de menos, con los mismos criterios con los que otorga pensiones: electorales.
Como hemos dicho desde hace ya muchos años, López Obrador tiene en mente el México de los setenta, y eso quiere reconstruir: un gobierno que controle la mitad del PIB, empresarios y sindicatos aliados al Presidente, un partido único dispuesto a cumplir sus caprichos. El resultado es muy claro, aunque no lo quieran ver. De acuerdo con el Banco Mundial, México es uno de los países con peores resultados económicos entre 2018 y 2021; apenas algunos países africanos o del Caribe reportan peor desempeño. Con datos del FMI a 2022, lo mismo, aunque en ese ordenamiento aparecen Venezuela y Ecuador en peores condiciones. Para 2024, también con las estimaciones del FMI, quedaremos por debajo de Ecuador, y sólo superaremos a ese puñado de países africanos, caribeños y seguramente a Venezuela. Con ese desempeño, no sorprende el optimismo que han producido tres meses más o menos buenos al inicio de este 2023.
A casi cinco años del triunfo de López Obrador no debería existir duda alguna: es un incompetente ávido de poder, rodeado de personas que buscan enriquecerse o vengarse. Ya ni siquiera puede argumentarse que, aunque las cosas no le salgan, tiene buenas intenciones. No, eso es absolutamente falso, como lo muestran sus decisiones durante estos cinco años. Reparte dinero para comprar votos, no para mejorar las condiciones de vida de alguien; construye obras para su engrandecimiento, no para contar con mejor infraestructura; desprecia y humilla a quien piensa diferente, sean mujeres, periodistas, familiares buscando a desaparecidos, migrantes, quien sea.
Queda poco más de un año para el fin de éste, el peor gobierno de la historia nacional. Cuando ocurra, no habremos avanzado en nada, pero sí habremos perdido en muchos frentes. En la economía, la capacidad del Estado, la posición de México en el mundo, la educación y la salud, y de forma muy importante: en el control del territorio. Si tenemos suerte, claro.