A la memoria de Alejandro Hope
Aunque el triunfo mayoritario de López Obrador en 2018 es irrefutable, en esa misma elección los ciudadanos no le dieron a su coalición el mandato de modificar la Constitución a su antojo. Aún con el manejo abusivo de la ley, la coalición presidencial obtuvo 71 senadores y 321 diputados para la LXIV Legislatura. Ya después se le unió el Partido Verde, y con ello superaba los 333 diputados necesarios para modificar la Carta Magna. En esos primeros tres años del sexenio, López Obrador pudo modificarla a su antojo, pero los cambios que promovió fueron menores, y tuvieron que negociarse en el Senado.
En la elección intermedia, ya con claridad en la incorporación del PVEM a la coalición presidencial, la ciudadanía le dio 275 diputados, reiterando su negativa al control total sobre la Constitución. A pesar de ello, López Obrador decidió impulsar en esta LXV Legislatura los cambios que pudo haber hecho antes, pero ahora no puede. Por eso las reformas eléctrica, de guardia nacional y electoral no pasaron, y en los tres casos modificaron leyes de forma claramente inconstitucional. En 2022, el lacayo Zaldívar todavía presidía la Corte, y pudo evitar que la reforma eléctrica fuese declarada inconstitucional, aunque lo es. Ahora, con Norma Piña, eso no parece que pueda repetirse, de forma que las otras dos ya fueron detenidas y se encuentran en proceso de corrección.
Por esa razón, el presidente quiere deshacerse de la ministra Piña, y para ello promovió la semana pasada un plantón frente a la SCJN que pone en riesgo la integridad de todos los ministros, pero especialmente de la presidenta. En esta misma semana, se lanzó una avalancha legislativa que era imposible de procesar adecuadamente. La mayoría simple de la coalición presidencial optó por romper con el proceso legislativo con tal de cumplirle a su jefe.
En la Cámara de Diputados, se detuvo el parlamento abierto para ciencia y tecnología, se rompieron acuerdos con grupos sociales y empresariales, se votaron dictámenes incompletos sin lectura. En Senadores, la oposición optó por tomar la tribuna y con ello detener la sesión. La coalición presidencial en el Senado intentó moverse dentro del edificio, pero finalmente fueron convocados por el presidente para recibir instrucciones y trasladarse a la vieja sede en Xicoténcatl, a la que llegó primero Xóchitl Gálvez, quien se encadenó en la presidencia de la mesa directiva, obligando a la coalición a sesionar en el patio del edificio.
Aunque deberían tener más de 70 senadores, no lograban el quórum (65), por lo que tomaron protesta a una senadora suplente, violando con ello el proceso parlamentario. Como en Diputados, legislaron al vapor, e incluso hay votaciones que evidencian falta de quórum durante la noche.
Del comportamiento servil y abyecto de los legisladores de la coalición presidencial ya no hay mucho más que decir. El ataque a la Corte, sin embargo, es algo más serio. La destrucción de la separación de poderes, el intento de violar “legalmente” la Constitución, y el desprecio permanente de López Obrador por la Ley y las instituciones me parece que son una violación flagrante a la protesta del cargo que establece la misma Constitución en su artículo 87: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…”
Esto significa que, por sus actos y dichos, el presidente y su coalición han roto con la legitimidad democrática de su encargo. Puesto que no está regulada esa violación constitucional, supongo que los encargos siguen teniendo vigencia legal. Legitimidad, ya no.
Creo que es conveniente decirlo claro, y decirlo ya.
Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey
@macariomx