Antes de tomar posesión, López Obrador decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ya como Presidente, ratificó la decisión, y con ello causó un daño patrimonial por 330 mil millones de pesos al erario.
Para subsanar el daño, se le ocurrió construir un aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía, que hoy se llama Felipe Ángeles, con un costo superior a los 100 mil millones de pesos. Las obras de infraestructura vial para permitir un acceso razonable tendrán un costo superior a los 50 mil millones de pesos. Más importante aún, el aeropuerto no puede generar recursos suficientes para su operación, de forma que es una obra deficitaria. Puesto que no hubo estudios de factibilidad, esto también debe considerarse un daño patrimonial.
En la visión del mundo de los nacionalistas nacidos antes de 1960, el petróleo es la base del desarrollo. Por ello, López Obrador decidió echar abajo la reforma energética de 2013, e incrementar la operación del sistema nacional de refinación (SNR), que se había ubicado en 50 por ciento de utilización de plantas para eliminar las pérdidas por un sistema viejo y mal operado. El resultado ha sido el esperado: se pierde dinero conforme se refina, pero además se acumula combustóleo, que no tiene fin comercial. Por esa razón, la CFE empezó a utilizar ese residuo para producir electricidad, elevando los niveles de contaminación en algunas de las ciudades más grandes del país, como la Ciudad de México, Monterrey, o la región de Salamanca. El daño ambiental ha sido grave.
Aunque el SNR es oneroso, López Obrador decidió construir una nueva refinería. Tampoco hubo los estudios necesarios, pero los que existían antes de este gobierno apuntaban a no construirla en Paraíso, Tabasco, por el daño ambiental que produciría, el riesgo de inundación y los costos de infraestructura para mover tanto los insumos como los productos. En este caso, además del daño ambiental, el patrimonial es muy elevado. No sabemos cuánto, porque no hay información confiable, ni de lo gastado, ni de avance de obra.
En términos de daño ambiental, parece que ninguna de esas decisiones compite con la construcción del Tren Maya, una obra que no tiene sentido económico (tampoco hubo estudios), pero que ha causado ya daños irreparables en un terreno muy frágil. Tampoco hay datos confiables ni de costo ni de avance de obra.
Todas estas decisiones son directamente atribuibles a López Obrador, y por lo tanto lo hacen culpable, no sólo responsable, de un dispendio de más de un billón de pesos en obras innecesarias, y al menos otro tanto en el rescate de Pemex y en subsidios a CFE que no debían existir desde las reformas de 2013. Es además responsable de la ineficiencia causada por la destrucción y debilitamiento de órganos autónomos, incluyendo la imposibilidad de funcionar del Inai, la obstaculización que la CRE provoca en el mercado eléctrico, el daño al sistema educativo producto de la desaparición del INEE y la multiplicación de personas sin acceso a la salud, tanto por la desaparición del Seguro Popular como por la destrucción del sistema de compras.
Todo lo anterior, sin embargo, palidece frente a la publicación, en la cuenta personal de Twitter de López Obrador, de información fiscal confidencial. Eso ya no es irresponsabilidad administrativa o daño patrimonial. Eso es un delito. El presidente de la República es un delincuente.
Hace algún tiempo consulté con un experto constitucional si podía hacerse algo a partir del daño patrimonial y la irresponsabilidad administrativa, considerando que se rompía con ello la protesta del Presidente de cumplir la Constitución y las leyes. Ahora ya no es un tema de interpretación constitucional. Ahora es un asunto penal (Código Penal Federal, arts. 211 y 214) que amerita un par de años de cárcel.