El jueves, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el Presidente intervino ilegalmente en las elecciones, promoviendo a su candidata, atacando a la opositora y, especialmente, condicionando la vigencia de los programas sociales al triunfo de su candidata. Estas intervenciones ilegales deberían bastar para anular la elección y castigar penalmente a López Obrador, según los cambios legales que él mismo ha promovido, y que tienen su origen lejano en la elección de 2006, cuando él mismo acusó al entonces presidente Fox de intervenir ilegalmente en la elección, por actos infinitamente menores a los que ahora él ha cometido.
El viernes, en su conferencia matutina, López Obrador, fiel a su costumbre, fustigó a los magistrados y los acusó de conservadores y mentirosos, porque él jamás hizo lo que dicen que hizo. Es un cínico y un falsario.
No hay decisión del TEPJF acerca de la intervención de los siervos de la nación, herramienta usada por López para condicionar los programas sociales, ni la hay acerca de los excesos de gasto durante tres años de campaña abierta de Sheinbaum. Ambos implicarían también la anulación de la elección.
Sin embargo, avanzamos rumbo a la calificación de la misma con sólo cinco magistrados en el TEPJF, debido a otra acción ilegal, en este caso del Senado, que no quiso nombrar a los dos que faltan. Dice la ley que no pueden calificar la elección con menos de seis magistrados, pero ya vio usted el catálogo de ilegalidades cometidas hasta ahora.
Más aún, López Obrador intenta, desde el día siguiente de la elección, que el TEPJF le otorgue una supermayoría a su coalición, aplicando una interpretación inadecuada de la cláusula de sobrerrepresentación. Quiere esa mayoría calificada para impulsar sus reformas anunciadas el 5 de febrero, iniciando por la destrucción del Poder Judicial. Esto, sin embargo, nos lleva a una situación muy especial.
Los cinco magistrados (o seis, si se cumple la ley) del TEPJF deberán decidir si aplican esa interpretación inadecuada y le dan mayoría calificada a la coalición oficialista. Si lo hacen, esa mayoría aprobará sin chistar la reforma que destruirá al Poder Judicial. Esto significa que esos magistrados tienen en sus manos la destrucción de su fuente de trabajo. De ellos, y de 50 mil personas más. Tienen en sus manos, como nadie antes, la capacidad de decidir la vigencia mínima del Estado de derecho. No se me ocurre qué podría ser más importante que responder a su vocación, a sus colegas, a sí mismos.
Creo que conviene aquilatar el proceso de destrucción que estamos viviendo. El presidente de la República ha violado la ley consistentemente para impedir que la voluntad de los mexicanos se reflejase en las urnas. Quiere el control absoluto del Poder Legislativo para con ello destruir el Poder Judicial. En ese proceso, ha contado con el apoyo de funcionarios, ministros, magistrados, políticos, empresarios, medios, que han privilegiado pequeños triunfos personales a costa de grandes grietas en la República. Porque así es siempre: no hay tiranos sin sicofantes.
Los riesgos no son menores. La presidenta, ilegítima, y en estricto sentido, ilegal, tomaría posesión con un Congreso que responde al (ahora es oficial) delincuente electoral, y sin Poder Judicial. El gobierno que encabezará no tiene ya estructura administrativa, ni tendrá recursos. La burbuja de ingresos se ha empezado a desinflar, y el contexto internacional no es, para nada, propicio. Su futuro, y el nuestro, es sombrío.
Un puñado de personas, magistradas y magistrados, tienen en sus manos la posibilidad de desviar la ruta catastrófica en la que nos han metido un enfermo y muchos cobardes y zalameros. Deben decidir si la ley sigue siendo vigente en México. Deben decidir, en el fondo, si ellos también forman parte del coro de sicofantes.