La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha elaborado el dictamen de una de las iniciativas propuestas por López Obrador en febrero, que tiene como fin desaparecer órganos autónomos: la Comisión de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Coneval, los dos órganos reguladores en energía, CRE y CNH, y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), que sustituyó al inicio del sexenio al Instituto de Evaluación de la Educación (INEE).
Este último caso es un buen ejemplo, aunque sea parcial, de lo que ocurrirá con la desaparición del resto de los organismos. El INEE nos permitía tener información confiable de lo que ocurría en el sistema educativo, desde los números de estudiantes y maestros, hasta la calidad de la educación que se impartía. Mejoredu no es ni sombra de lo que fue el INEE, pero aun así lo piensan desaparecer. Ya no tendremos forma de saber nada acerca del sistema educativo.
En esa misma línea social, la desaparición de Coneval implicaría perder una institución independiente que mide la pobreza, pero sobre todo que se dedica a evaluar la calidad de la política social. Ya en este sexenio su labor no pudo ser cumplida por completo debido a que muchos programas no entregaban información completa, o confiable, pero se trata de un organismo que es nuestra ventana al desempeño del desarrollo social en el país.
Las dos comisiones de energía, la reguladora (CRE) y la de hidrocarburos (CNH), tienen como función organizar los mercados de gas y electricidad (la primera), y de extracción de crudo y gas (la segunda). Son también la fuente de información más confiable en esos rubros. Ya la CRE se había deteriorado mucho, bajo la presión de CFE, pero ahora se busca que deje de existir.
El Inai ha estado incompleto desde hace varios años frente a la negativa de López Obrador, y sus borregos en el Congreso, de nombrar a los consejeros faltantes. Incluso tuvo la Suprema Corte que emitir un permiso especial para que pudiese funcionar con sólo cuatro consejeros. No sólo ha sido un instrumento para conocer lo que hace el gobierno, que varios periodistas han aprovechado a cabalidad, sino que es la defensa que tenemos para el trato de nuestros datos. Esos que López Obrador divulga en sus conferencias matutinas sin ningún recato.
Finalmente, hay dos comisiones que existen porque fue necesario crearlas al firmar el acuerdo comercial en 1993, el IFT (antes Ifetel), y la Cofece. Esta última es particularmente importante para el funcionamiento del ahora T-MEC. Es la garante de la competencia económica, elemento indispensable para poder considerar confiable al mercado mexicano. El IFT debe hacer lo mismo en el caso de telecomunicaciones, además de administrar el espectro, pero su desempeño nunca ha alcanzado al de la comisión.
Se desaparecen los órganos autónomos regresando las funciones que desempeñan a secretarías de Estado. Ciertamente es algo compatible con la destrucción generalizada que ha impulsado López Obrador, y que han respaldado sus lacayos, pero es regresar al pasado. No hay manera de participar en una economía global sin órganos autónomos e independientes que defiendan los derechos de los participantes en los mercados. No hay forma de tener éxito en sacar de la pobreza a los mexicanos si no hay datos creíbles de su situación, en términos de ingresos, pero también de salud y educación. No hay forma de tener libertad de expresión y cuidado de la privacidad.
El resultado de esta decisión, que se suma a varias otras, será un país con cincuenta años de atraso. Hace cincuenta años, con la mitad de la población, vivíamos bastante mal. Ahora, con el doble de mexicanos, dependiendo de los mercados externos, veremos cuántos pueden sobrevivir.