En junio de 2021 hubo elecciones federales, pero también en varios estados, destacadamente en la costa del Pacífico. A nivel federal, la oposición ganó más votos que la alianza oficial, aunque gracias al esquirolaje de Movimiento Ciudadano esos votos no pudieron traducirse en una mayoría en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todos los estados en disputa en el Pacífico fueron ganados por Morena. En todos los casos, hubo sospechas, y evidencias, de la intervención del crimen organizado a su favor.
Tres años después, el fenómeno se repite, pero no de forma idéntica. Tal vez por una sensación de mejoría económica, tal vez por una participación más eficiente de los socios, la coalición oficial logró obtener más votos que la oposición. Nuevamente, el papel de Movimiento Ciudadano abrió el espacio para el intento de sobrerrepresentación de la coalición oficialista. Si lo logran, obtendrán 75 por ciento de las diputaciones con apenas 55 por ciento de los votos.
Pero eso lo que significa es que apenas hay cinco puntos de diferencia entre quienes apoyaron, en junio, al gobierno, y quienes se opusieron a él. Si en esos cinco puntos hay una intervención como la registrada en 2021, cuando se impidió votar en varias entidades, desaparecieron urnas y regresaron los zapatos, entonces queda la duda de si de verdad hay una mayoría de mexicanos que respalda esa cosa llamada cuarta transformación.
Es una duda que no podremos resolver, porque los partidos de oposición no hicieron su trabajo. PAN y PRI tenían que, como única obligación en la coalición, movilizar el día de la elección y cuidar los votos de los ciudadanos. Todo lo demás lo había hecho esa ciudadanía, y las organizaciones que intentaron encauzar sus esfuerzos. PAN y PRI no tuvieron representantes en las casillas, y no tuvieron las actas de votación. No en cantidad suficiente para verificar si esas irregularidades mencionadas afectaron, y de qué forma, la elección. Otra vez, son nada más cinco puntos la diferencia entre oficialismo y oposición. Cinco puntos sí es algo que puede alterarse, especialmente cuando los socios controlan más de un tercio del territorio.
Este sábado nos enteramos de la versión del Mayo Zambada de su captura. Es una narración verosímil, pero no sabemos si cierta. Una buena novela, pues. En ella, Zambada resulta ser árbitro en las disputas políticas de su entidad, engañado por quien lo cita para una reunión. Como en la última escena de Brando en El Padrino: “Quien te convoque es el traidor”. Dice el gobernador que ese día no estuvo en Sinaloa, pero el Mayo afirma que lo citaron para reunirse con él y con Cuén, asesinado horas después. Quien lo citó, el hijo del Chapo, es quien lo entregó en Estados Unidos. Le digo, una novela verosímil, no sé si cierta.
Pero cuando se unen los hilos, crece la preocupación de que sean esos personajes los que están decidiendo quién gana una elección, ya no a nivel estatal, sino del mismo Congreso federal. Y si, en un acto más de abyección y sumisión, la mayoría de consejeros del INE y de magistrados del TEPJF otorga esa supermayoría al oficialismo, ya será difícil decir que lo que hay en México es algo diferente a un narco-Estado.
Después de las múltiples visitas a Badiraguato, de los dichos de que sus campañas fueron financiadas por ellos, de que López trata con singular consideración a sus líderes (que contrasta con los insultos a sus adversarios políticos) y, sobre todo, después de cómo han resultado las elecciones, parecería que la idea era transformarnos en eso, en un narco-Estado. Ojalá no haya un segundo piso.