Durante la legislatura que termina, la LXIV, no quise opinar sobre las reformas constitucionales que proponía López Obrador. Era algo ocioso, en tanto no tenían los votos para aprobarlas. En la nueva legislatura, que entrará en funciones en dos semanas, sí los tendrán. Las propuestas de hace tres años, absurdas y dañinas, nunca se hicieron realidad, y fueron detenidas por la Suprema Corte. Las de ahora, todavía más absurdas y dañinas, no sólo pueden concretarse, sino que no podrán ser frenadas.
Como ya lo han afirmado distintos colegas, entre ellos Carlos Elizondo, la idea de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por votación popular es algo que ningún país civilizado ha tenido nunca. Algunos puestos locales, alguna jurisdicción limitada, en ocasiones así se cubre, pero no es la regla, ni mucho menos para quienes tienen la tarea de interpretar las normas Constitucionales.
Se trata de un planteamiento absurdo porque la función de jueces, magistrados y ministros es decidir entre dos posiciones contrarias, referidas a reglas comunes. Si su puesto depende de la votación popular, sus decisiones no buscarán acercarse lo más posible al cumplimiento de dichas reglas, sino darle la razón a la parte que tenga más posibilidades de mantenerlos en el puesto. Por lo tanto, quienes se encuentren en minoría perderán frecuentemente esas disputas, si no es que siempre.
Con esto, desaparece la salvaguarda de los derechos de las minorías, que quedarán expuestas a los apetitos de las mayorías. Y eso no es democracia, es la ley del más fuerte. Puesto que nadie puede saber con anticipación quién resultará más fuerte, en términos de popularidad, esto significa que las reglas comunes dejan de ser creíbles. A veces coincidirán con los deseos mayoritarios, a veces no. Además, será difícil expresarse y reclamar, en tanto que toda la seguridad pública estará en manos del Ejército.
Construir una planta, con todos los permisos en regla, para que de pronto el Presidente decida que esa planta va en contra de los deseos del pueblo y la mande cerrar. O invertir en un aeropuerto que, dice el mismo Presidente, en una consulta fue rechazado por el pueblo y dejará de construirse. Desarrollar parques solares para generación eléctrica que, dice el Presidente, van en contra de la soberanía nacional y por lo tanto no pueden entrar en funcionamiento. O con aerogeneradores que al mismo Presidente le parecen feos, y no los autorizan. Frente a estas arbitrariedades hubo defensa legal, y compensaciones, aunque hayan sido parciales. Ya no las habrá con la reforma.
Sin certeza en la aplicación e impartición de la ley, sin organismos a los cuales recurrir, porque todos ellos desaparecerán, cualquier inversión en México alcanzará un nivel de riesgo muy superior al de los últimos treinta años. La única forma de reducir ese riesgo será, como lo era en el siglo 20, tener como socios a los políticos, pero a diferencia de entonces, la fuerza hegemónica carece de orden, es como un viejo PRI, pero caótico y lumpen.
Por definición, esto significa más riesgo, que sólo puede ser compensado con mayores ganancias. En un contexto de precios fijos, como lo es el mundo actual, esas mayores ganancias por obligación implican salarios más bajos. Justamente ésa es la razón por la cual no hemos podido, en décadas, mejorar notoriamente la distribución del ingreso: porque en México las leyes no se aplicaban antes de 1995, y no se aplicarán si la reforma se aprueba.
Regresaremos a la discrecionalidad, insisto, pero ahora en manos de personas sin capacidad, decencia o mínima racionalidad, como evidencian abundantes ejemplos recientes. Será difícil para empresas internacionales, y para sus países de origen, mantener relaciones con México. Será entonces difícil para México sobrevivir.
La demencia nos lleva por un camino cuyas salidas son todas malas. En quince días empezará a ser más claro, pero ya será tarde.