Seis colaboraciones, seis. Son las que me faltan durante el gobierno de López Obrador, que termina sus días en Palacio de la misma forma que transcurrió toda su vida política: violando la ley.
Ya varios colegas han recordado las tomas de pozos petroleros en los noventa y el desacato a una decisión de la Suprema Corte en su tiempo como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, se olvidaron de la toma de Reforma por varios meses y la constitución de un ‘gobierno legítimo’ (con todo y toma de protesta) y sólo parcialmente se han referido a las continuas violaciones desde la Presidencia, porque una lista exhaustiva requerirá varios tomos. Espero que pronto la lleven a cabo.
En todos los casos, López ha construido salidas políticas a su violación de la ley. Cuando los pozos, su argumento era la movilización de los tabasqueños; cuando el desafuero, que lo querían sacar de la carrera presidencial; cuando la toma de Reforma, que había existido un fraude, y ahora, durante todo su sexenio, su argumento ha sido que él encarna al pueblo.
Ahora se ha puesto de moda hablar de lawfare, el uso de instituciones y procesos legales para deslegitimar oponentes, especialmente porque Trump intenta hacer justo lo que López ha hecho por treinta y más años: violar leyes usando excusas políticas.
Creo que el caso del desafuero fue determinante. Cuando la Suprema Corte de Justicia solicitó a la entonces Procuraduría que procediera en contra del jefe de Gobierno del DF por desacatar una orden, saltaron medios, académicos y opinadores a defenderlo, comprando la idea de que se trataba de una excusa para impedirle competir por la Presidencia. Pocos, si acaso alguno, revisaron los detalles del caso. No les importaba, porque entonces todos ellos creían que López era un demócrata y Fox no.
Recuerdo una discusión que tuve con Sergio Aguayo en un programa de Televisa Radio, conducido por Carlos Loret, que terminó casi en un enfrentamiento, cuando le pregunté a Sergio si acaso había leído el caso, si conocía las sentencias, más allá de su clara afinidad política con López Obrador. No había leído. Defendía al político sin una mínima revisión de los detalles legales. Importaba la política, no la ley.
Mi preocupación desde entonces era la posibilidad de encumbrar en la máxima posición a una persona sin limitaciones éticas ni legales, sin restricciones. Mi posición era que se definiera la culpabilidad, sin que eso implicase sacarlo de la contienda (algo perfectamente posible en esa época, cuando ese delito no tenía una pena clara). La posición de enfrente, de todos esos medios, académicos y opinadores, era que se ignorara la ley.
Se ignoró entonces, se ignoró después de la elección que perdió López Obrador, y apenas empezaron a darse cuenta del tamaño de su error durante este sexenio, cuando las leyes violadas empezaron a costarles: en el CIDE, en Conacyt, en el presupuesto de publicidad, en los insultos mañaneros cotidianos.
Ahora que desde el poder hegemónico se destruye a la Suprema Corte, ahora es el llanto y el rechinar de dientes. Ahora parecen darse cuenta de que durante 25 años podíamos discutir públicamente gracias al amparo de un marco jurídico incipientemente democrático. Ahora ya les queda claro que si alguien pensaba utilizar todo el poder para impedir el triunfo de otros políticos, ése no era ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, era precisamente López Obrador, a quien consideraban demócrata.
Varias veces le he comentado que, para mí, los actores políticos que más dejaron qué desear durante el breve tiempo democrático fueron los medios y la academia. No ayudaron a tener una didáctica democrática, no ayudaron a fortalecer el Estado de derecho, y ni siquiera pudieron darse cuenta del alacrán que cargaban.