Se cosecha lo que se siembra. Hace seis años, el entonces presidente electo decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. El resultado fue una caída severa de la economía, que pasó de su promedio de 40 años, 2.2% anual, a terreno negativo. Eso obligó al gobierno a echar mano de los fondos, fideicomisos y cuentas en las que se había ahorrado durante 25 años. La llegada de la pandemia, en 2020, la consideró el entonces presidente como “anillo al dedo”, porque le permitió seguir saqueando esos ahorros, sin impulsar ningún programa de rescate a personas o empresas.
A partir de 2021, el creciente flujo de recursos para compra de votos conocido como “pensiones no contributivas”, sumado a los elefantes blancos (AIFA, Dos Bocas, Tren Maya), llevó a la reducción de los presupuestos de las secretarías, llevando a varias de ellas a la irrelevancia total. Para 2023, ni siquiera eso alcanzaba, de forma que elevaron el déficit fiscal por encima de lo razonable. Eso permitió financiar un notable incremento en la compra de votos que, sumado al fraude estadístico de la Sedena, dio lugar a la burbuja que facilitó que los votantes eligieran la opción correcta.
El déficit necesario para evitar contratiempos electorales alcanzó 6% del PIB este año, una cifra absurda en un país que a duras penas recauda 18 puntos. Para no causar pánico, se dijo entonces que era temporal, porque al terminar los elefantes blancos el déficit regresaría a 3% del PIB. Eso era claramente falso, en tanto la inversión pública no llegaba a esa cifra, pero los mercados dieron voto de confianza. Ya cerca de la elección, la meta se corrigió a 3.5%. En el presupuesto presentado el viernes, es más bien 4%.
El tema es que ese presupuesto no es creíble. Por un lado, están estimando un crecimiento económico, para este año y el siguiente, lejos de lo probable. En ambos casos, el famoso 2.2%, que ya en 2024 seguro no se cumple, y para 2025 lo más probable es que tampoco sea así...
En 2023, Hacienda estimó crecimiento de 3% cuando los especialistas pronosticaban 1%. Tuvo razón Hacienda, porque entre el reparto de efectivo y los datos ficticios de construcción, juntaron los dos puntos faltantes. Ahora, eso es justamente lo que no pueden hacer. Dicho de otra manera, ahora los especialistas pueden estar equivocados “al alza”, y el crecimiento puede ser más bien cercano a cero.
Simplemente con ese ajuste, resulta que el déficit ya no sería de 4, sino de 4.5% del PIB. Pero no es lo único dudoso en el paquete presupuestal. Afirman que la plataforma de producción de petróleo será similar el próximo año, pero el precio caerá 18%. Sin embargo, los ingresos petroleros crecerán 9%. No se entiende cómo, y hablamos de 250 mil millones de pesos de diferencia. En el caso de CFE, piensan que incrementará sus ingresos en 50 mil millones, sin dar tampoco alguna explicación del milagro.
Por el lado del gasto, además de una reducción notable en inversión (que justamente implicará menor crecimiento de la economía), proponen reducir el gasto corriente (exceptuando compra de votos) en 7% real. Si en condiciones normales eso es un ajuste brutal, con toda la administración pública derruida después de seis años de abandono, esto parece, o imposible, o criminal.
Imposible, eliminar los puestos de trabajo requeridos para el recorte de 7% real; criminal, lo que hacen con salud (-34%), seguridad (-36%), ambiente (-40%), educación (sin cambio en el total, con un desorden monumental al interior, como evidenciaron UNAM, Poli, UAM).
Entre ingresos ficticios y recortes que no ocurrirán, hablamos de un punto adicional, que lleva el déficit a un nivel similar al de este año. Dicho de otra manera, destruyeron la capacidad de gestión del gobierno, anularon los servicios y bienes públicos, y entraron en la espiral de impago. Pero dicen que no podía saberse.