El 1 de julio de 2018, López Obrador ganó de manera abrumadora. Fue un triunfo legítimo y democrático. En agosto, manipularon las cifras para obtener una mayoría en la Cámara de Diputados que los votos no le habían otorgado. El 30 de octubre, canceló la construcción del AICM, convirtiendo la mayor obra de infraestructura de América Latina en ese momento, financiada de forma privada, en deuda pública.
En noviembre, las personas que él designó para hacerse cargo de Energía instruyeron a Pemex a dejar de importar crudo ligero y gasolina. En diciembre, inhabilitaron Salamanca por usar crudo pesado, y para mediados de mes era claro que no habría combustible suficiente. Inventaron entonces una ficticia lucha contra el crimen (el huachicol), que nunca ocurrió. En enero el desabasto de gasolina ya era un problema nacional, aunque lograron concentrarlo en los estados de oposición. A mediados de enero, el desorden en el sistema de distribución de gasolina provocó una explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó más de 135 muertos.
Muy pronto, la oficial mayor de Hacienda intervino en las compras de medicinas y material médico, con la excusa de combatir la corrupción. Al centralizarlo, el proceso se hizo tan ineficiente que unos meses después empezó el desabasto. En mayo, el director del IMSS renunció a su cargo precisamente por eso. En el caso de medicinas contra el cáncer, especialmente para niños, todavía hoy la Secretaría de Salud sigue sin resolver el problema. Para terminar 2019, se canceló el Seguro Popular, y se creó un esperpento llamado Insabi, sin reglas, protocolos, presupuesto, nada.
A mediados de año, inició la ofensiva contra la reforma energética. Por un lado, se movieron recursos a Pemex; por otro, se decidió construir la refinería de Dos Bocas en contra de la opinión de tirios y troyanos. En julio renunció el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. Para fines de año, tomaron la mitad de los recursos del fondo para recesiones, todo lo que había en Seguro Popular, y al arrancar 2020, casi todos los fideicomisos. Se decretó la reducción del gasto operativo del gobierno en 75 por ciento, cerrando, en los hechos, la administración pública.
En 2019, la economía mexicana se contrajo -0.3 por ciento, aunque en 2018, hasta la decisión del aeropuerto, crecía 2.5 por ciento. Para inicios de este año, se profundizó la caída. Al 13 de marzo, según datos de la secretaria de Trabajo, habían logrado crear apenas 226 mil empleos en casi 16 meses, una tasa anual de 1.4 por ciento, la más baja en 25 años, con la excepción de las recesiones importadas.
Cuando llegó la crisis sanitaria y económica global más importante en un siglo, México ya acarreaba todo lo que le he comentado, y más. Este golpe externo nos toma en una situación de vulnerabilidad terrible, creada por decisión de López Obrador. Innecesaria y absurda pero, sobre todo, criminal.
En lo referente a la pandemia, el manejo ha sido deplorable. Se encargó al subsecretario López-Gatell, que rechazó realizar pruebas en cantidad importante, o promover medidas suplementarias, como el uso de cubrebocas. Zalamero con su jefe, soberbio con sus críticos, ha mentido hasta que se ha cansado. Somos ahora uno de los países con menos pruebas pero con más contagios y muertes. Para fin de mes, las muertes en exceso rondarán 120 mil: equivalente a los homicidios en todo el sexenio de Calderón.
López Obrador no quiso aplicar un plan de contención económica. Ahora tenemos 18 millones de mexicanos que han perdido su ingreso total o parcialmente. Uno de cada tres trabajadores.
El triunfo de López Obrador, le decía, no está a discusión, fue abrumador, legítimo y democrático. Su fracaso como Presidente es también abrumador. Eligieron a un criminal, que está destruyendo al país entero. Algo debe poder hacerse para evitar que el crimen se consume. Platicamos mañana.