Es difícil evaluar el conjunto de las decisiones de un gobierno. Una política pública especifica puede medirse, confrontarse con lo esperado, y calificar si está teniendo éxito o no, pero la suma de todas ellas no puede tratarse de esa manera. Por eso, lo que se hace es utilizar lo que llaman los estudiosos un 'contrafactual': qué hubiera pasado si se hubiesen tomado otras decisiones, o no hubiera ocurrido un cierto evento. Es algo frecuente en el estudio de la historia, por ejemplo, pero tiene una utilidad limitada. Las cosas ocurrieron como ocurrieron.
En la política, el uso de contrafactuales es cotidiano: los gobiernos nos dicen que si no hubiesen decidido como lo hicieron, viviríamos en el infierno; la oposición dice que si ellos estuviesen en el poder, viviríamos en el paraíso. Y no podemos rechazar completamente sus afirmaciones, aunque sí calificarlas de exageraciones, mentiras interesadas, medias verdades, etcétera.
Bueno, con todas esas advertencias, permítame intentar un contrafactual del actual gobierno. Imagine usted que en lugar de quienes hoy gobiernan, estuviésemos bajo cualquiera de los últimos cuatro gobiernos, o uno de los dos candidatos derrotados. ¿Cómo estaríamos en materia económica?
Creo que no hay duda de que ninguno de los seis políticos mencionados habría frenado la construcción del NAIM, y con ello habrían mantenido la inercia que tenía la economía mexicana. Por si lo olvidó, el ritmo al que íbamos en octubre de 2018 era 2.5 por ciento de crecimiento anual. La decisión de cancelar el aeropuerto provocó un ajuste cambiario, de 19 a 20 pesos, similar al ocurrido semanas antes de la elección. En ambos casos, el Banco de México tuvo que elevar su tasa de referencia en un cuarto de punto. Así, el resultado inmediato de López Obrador fue el incremento de medio punto en la tasa de interés: un cuarto por la expectativa de que hiciera algo grave, y otro cuando lo hizo.
Después, a esa decisión se sumaron otras que reforzaban la idea de que no se cumplirían las reglas. La pérdida de confianza se reflejó en una menor inversión, y con ello menor actividad. Para febrero de este año, antes de la pandemia, estábamos ya en -1 por ciento de crecimiento anual. En ese nivel llegó el golpe, frente al que cualquiera de los seis mencionados habría hecho más o menos lo que sugerimos todos los economistas en marzo: contratar deuda para apoyar empresas y trabajadores.
México tiene una línea de crédito con el FMI lista para usarse desde hace tiempo. Pudimos haber contratado deuda por 5 por ciento del PIB en marzo, para apoyar directamente a trabajadores informales (aquí mismo sugerimos cómo, y el costo hubiese sido menor a 1 por ciento del PIB) y a empresas (posponiendo cuotas de seguridad social, financiando factoraje, por otro tanto similar). Con 2 por ciento del PIB, el golpe pudo aminorarse entre abril y junio, y tener tres puntos más disponibles para reactivar a partir de agosto. Sin duda, la caída habría sido muy fuerte, como ocurrió en todas partes, pero un poco menor.
En el segundo trimestre, pasamos de -1 por ciento a -19 por ciento, una caída de 18 puntos. Si se hubiesen metido los dos puntos del PIB que hemos comentado, la caída habría sido de 15 puntos. Y si en lugar de estar en -1 por ciento hubiésemos estado en 2.5 por ciento, entonces el punto más bajo no habría sido -19 por ciento, como lo fue, sino -13 por ciento. Al utilizar los tres puntos de deuda restantes, la economía podría cerrar el año en -4, con un promedio de -5 por ciento. Lo hará en -10 por ciento, o un poco peor.
Lo más curioso del asunto es que bajo el escenario contrafactual que le he presentado, la deuda amplia del gobierno cerraría este año en 54.5 por ciento del PIB. Lo hará en 55.2 por ciento. Como lo dijimos hace meses, nos endeudaríamos menos contratando deuda para frenar la caída que no haciéndolo. Bueno, ya tiene usted evidencia –circunstancial, claro– del costo de un gobierno contrahecho.