A diferencia de lo que se cree, durante el siglo XX el gasto social del gobierno mexicano fue miserable. Como lo ha mostrado John Scott, este gasto sólo creció un poco durante el gobierno de José López Portillo, a través del Coplamar, aunque su incremento verdadero ocurrió en los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. En una más de las contradicciones entre el cuento y la realidad, son los gobiernos 'neoliberales' los que realmente gastan en elevar el bienestar de la población.

El mismo profesor Scott ha demostrado que la gran mayoría de los programas 'sociales' anteriores a 1992 eran regresivos, es decir, daban más dinero a quien menos necesitaba. Desde la educación superior gratuita o subsidiada hasta las pensiones, el dinero lo recibía quien vivía en los grupos de más ingreso de la población.

Precisamente por eso, desde los años noventa se empezó a construir una forma diferente de gasto social, a través de programas dirigidos a quien realmente lo necesita, buscando reducir o eliminar las restricciones más relevantes al desarrollo de las personas: educación, salud, alimentación. De ahí viene Progresa, luego Oportunidades y luego Prospera, y también con esa lógica se construyó el Seguro Popular, para evitar que las enfermedades catastróficas destruyesen el patrimonio familiar.

Bueno, vamos de regreso. Como lo platicamos hace unos días, utilizando la información de María Amparo Casar (Nexos de marzo) y de Edna Jaime (El Financiero, viernes pasado), el gobierno ha decidido regresar a programas que reparten dinero de forma indiscriminada, sin reglas de operación, y destruir el esfuerzo de los últimos 25 años. Lo hace, como sabemos, para concentrar todo el poder en una sola persona, López Obrador, convertido en la encarnación del Ogro Filantrópico.

No soy experto en el tema, pero no parece haber defensa legal frente al desmantelamiento del sistema y el regreso a la discrecionalidad, es decir, al clientelismo. Podemos reclamar en blanco y negro, o en redes sociales, pero nada más.

Pero la nueva orientación puede fracasar. En sí misma, esta nueva lógica (o más bien, este regreso al pasado clientelar) tiene el problema de incrementar la informalidad, debido a que desincentiva el ingreso de jóvenes al mercado formal. Adicionalmente, es muy probable que los recursos que reciban las personas sean gastados en la informalidad. Con ello, no habrá un incremento en recaudación que pueda sostener esta política en el mediano plazo.

Por otra parte, las decisiones arbitrarias de López Obrador han reducido la inversión y la actividad económica, además de incrementar el riesgo. Todo esto hace aún más difícil sostener un gasto 'social' discrecional y elevado. Finalmente, hay que recordar que desde 2016 ya hubo alertas por el tamaño de deuda del país, que si bien no es muy elevada en comparación con el PIB, sí lo es en relación a la recaudación, que es precisamente lo que se complicará. Por eso las calificadoras anunciaron perspectiva negativa, y la posibilidad de perder grado de inversión en este año o el siguiente no es baja.

De todo lo anterior, no tengo muchas dudas, pero no sé qué pasaría a continuación. Del paralelo 20 hacia el sur, el colapso económico puede administrarse, al estilo latinoamericano, con la popularidad del dictador y la fuerza pública. Al norte, sin embargo, las cosas son diferentes: es una economía global, de alto crecimiento, a la que la pérdida del grado de inversión le causaría un daño mucho más serio e irreversible. No debe olvidarse que desde 1995 hemos vivido de eso, especialmente a partir de la caída de producción petrolera iniciada en 2004.

Es algo que hay que pensar, porque estamos a meses de verlo.