Hace una semana se presentó el informe de finanzas públicas al segundo trimestre. La noticia es que en una economía que se desplomó -19 por ciento, el gobierno mantuvo los ingresos por impuestos casi sin cambio. Debe ser el único caso en el mundo, considerando que casi todos los países construyeron programas de contención para evitar que la crisis golpeara con toda su fuerza a los hogares y las empresas. Acá no, acá el gobierno se parapetó, se quedó con todos sus recursos, dejó de devolver el IVA, cobró ISR pendiente, incluso por encima del derecho de los causantes a defenderse, y continuó con el saqueo de fideicomisos. Caso único, le digo.
Los ingresos tributarios del gobierno federal ascendieron a 1.75 billones de pesos entre enero y junio, un poco por debajo de lo esperado (1.8) pero por encima de lo recaudado en 2019 (1.7), cuando la economía todavía crecía un poco. Suena extraño, le digo, porque cuando hay una caída tan grande del PIB, lo lógico sería una recaudación menor, como puede verse en cualquier otro país para ese mismo lapso. Aquí no, y la diferencia parece ser algo que celebró el SAT por todo lo alto: la recaudación de causantes mayores.
En el primer semestre de 2020 recaudaron poco más de 120 mil millones de pesos en este sector, que se compara con 35 o 36 mil millones en los años previos. Un incremento notable, que abona 90 mil millones a una recaudación que, de otra forma, habría caído más de 11 por ciento en términos reales frente al mismo periodo del año anterior.
En nuestro tradicional cuento de los ricos malos y el pueblo bueno, que se haya multiplicado la recaudación a las grandes empresas no sólo aporta dinero, sino legitimidad. Pero ha sido ese cuento, precisamente, el culpable del pésimo desempeño de la economía mexicana durante el siglo XX. Es posible que haya grandes empresas que no pagan lo que deben, pero todas ellas, como cualquier persona física o moral, debe tener la posibilidad de argumentar legalmente los montos que el SAT les cobra. Cuando esa posibilidad, el juicio justo, desaparece, entonces no se recauda, se extorsiona. Eso parece ser lo que ha ocurrido en estos meses.
Para reafirmar el cuento, Hacienda expone, en su documento sobre situación económica y finanzas públicas, cómo es que el gobierno está apoyando al sector más importante de la economía, a su juicio: las microempresas, que nos dice son el 95 por ciento de los establecimientos y aportan casi 40 por ciento del empleo. Se trata de negocios con hasta 10 personas, que son los que han recibido los (micro)créditos del gobierno en estos meses. La parte que no explican es que esas empresas aportan 14 por ciento de los ingresos totales. En cambio, el grupo al que extorsionan, que representa 0.2 por ciento de los establecimientos, produce casi la mitad de los ingresos empresariales.
Esta recaudación adicional, si no fue realizada siguiendo el camino correcto, es decir, respetando el derecho del contribuyente, puede traducirse en grandes empresas que decidan no invertir más en México. Como ya hemos comentado, esto no significa irse, significa quedarse sólo con los proyectos que más rendimiento ofrecen, y que compensan un riesgo creciente, hecho realidad con estos mecanismos de recaudación.
La otra fuente de recursos que impidió un desplome en las finanzas públicas fue el tradicional rubro de 'aprovechamientos', donde registran de todo, pero especialmente el saqueo a los fideicomisos. De ahí llegaron otros 80 mil millones.
Ambas fuentes de ingreso tienen el defecto de ocurrir una sola vez. Si usted cobró impuestos pendientes de pago, ya no habrá más en el futuro. Si terminó con el fondo de estabilización, ya no existirá. No cabe duda de que vale más pájaro en mano, pero cuando eso implica espantar a la parvada, lo que habrá en el futuro será hambre.