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16/06/2020
Actualización 16/06/2020 - 10:57

Por si ayer no quedó claro, lo planteo hoy de esta manera: estamos frente al choque de dos derechos. De un lado, el que tiene Andrés Manuel López Obrador de ejercer como presidente de México hasta el 30 de septiembre de 2024; del otro, el que tenemos los mexicanos de evitar la destrucción del país.

Los seguidores de López Obrador dirán que se trata de un falso dilema, porque no se está destruyendo la nación. Sin embargo, las evidencias que ayer le ofrecí, sumadas a la desarticulación del sistema institucional y político que no he detallado, me parece que no permiten otra conclusión. La democracia moderna es un sistema político que busca traducir las preferencias de la población en políticas públicas concretas (a través del voto) evitando al mismo tiempo el derrumbe institucional. Ningún presidente en México, en toda nuestra historia, había intentado un proceso de destrucción como el que López Obrador encabeza. Ninguno. En doscientos años.

Es decir, la legitimidad democrática está limitada por el marco institucional: el triunfo en las urnas no da derecho a burlar la ley, sea creando una mayoría ficticia en la Cámara de Diputados, gobernando contra la Constitución a golpe de decretos, construyendo grupos de choque a través de 'médicos' cubanos o ciudadanos dispuestos a denunciar la corrupción. Nadie en México votó por experimentar con Comités de la Defensa de la Revolución, ni por importar experimentos cubanos o venezolanos.

Tenemos enfrente tres soluciones. La primera es que el mismo Presidente entre en razón. Que se dé cuenta de que no fue elegido para destruir, sino para transformar. Y esto implica construir conforme se avanza, no prometer ni anunciar: construir. Porque lo conocí personalmente, y por la historia pública, no parece que esto pueda ocurrir. Jamás ha reconocido errores.

La segunda solución tiene que ver con el grupo que lo sostiene. Se trata de un frente político en el que se sumaron personas con muy diferentes trayectorias, ideologías y formas de actuar. Aquéllos que he llamado 'bolivarianos' parecen dominar en este momento el oído presidencial, mientras que los otros tres grandes grupos intentan contener o compensar los desmanes. Una alianza de estos grupos, que neutralice a los bolivarianos, puede salvar este gobierno. No sé cuál sea su posibilidad de éxito, considerando que la esposa del Presidente es miembro destacado del bolivarianismo.

Finalmente, nos queda la elección de 2021, en la que puede evitarse que, entre votos y argucias, se mantenga la mayoría calificada que hoy tiene López Obrador en Cámara de Diputados. Eso exige que los partidos de oposición actúen, organicen, y ganen. Mi preocupación es que para esto falta un año entero, y otros tres meses más para que tomen posesión. No estoy seguro de que México tenga tanto tiempo.

Pero no tenemos más herramientas disponibles. Nuestra Constitución no considera relevar al Presidente, salvo por decisión de él mismo. Su proclividad a violar la ley no puede juzgarse. La destrucción patrimonial que ha producido, y que puede medirse ya en billones de pesos (entre cancelación de NAIM, cervecería, recursos enviados a Pemex, etcétera) no es motivo de remoción. Tampoco lo es que haya provocado más de cien muertes por el desabasto de combustible, o decenas de miles por su pésimo manejo de la pandemia, o que la violencia continúe creciendo.

López Obrador no es legalmente responsable de la destrucción del país, aunque sea evidentemente culpable. El juicio político, en el mejor de los casos, ocurrirá dentro de un año. Para entonces, México habrá perdido dos, tres, o hasta cinco décadas en términos financieros, de confianza, de empleo, de salud, de pobreza y desigualdad (detalles mañana). Por eso insistimos tanto en que era un peligro para México. Tuvimos razón, y lo lamentamos mucho.

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.