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05/03/2019
Actualización 05/03/2019 - 14:10

En el número de marzo de la revista Nexos, María Amparo Casar publica un gran texto en el que se describe con detalle el proceso de concentración de poder que hemos comentado en esta columna desde hace meses (por ejemplo, “Dividir y gobernar”, 16 de julio; “Tres dinámicas”, 22 de agosto). No debe analizarse el comportamiento del gobierno usando como referencia las políticas públicas, es decir, como si se tratara de una democracia liberal normal. Debe entenderse como un proceso de concentración de poder en una sola persona. Precisamente por eso, el éxito del proyecto lleva implícita la destrucción de la economía y las instituciones.

Tirar a la basura la inversión más importante en décadas, por ejemplo, solidificó el poder personal de López Obrador. Si es capaz de destruir 10 mil millones de dólares, es capaz de cualquier cosa, y eso lo han entendido todos. Terminar con el Seguro Popular, o con Oportunidades-Progresa, programas ambos reconocidos y celebrados a nivel mundial, es también parte del proceso de destrucción necesario para que la compra directa de votos sea eficiente.

Casar detalla precisamente esa compra. Primero, mediante la utilización de tal vez 20 mil personas conocidas como “servidores de la nación”, que han construido un padrón de necesidades de la población, que ellos llaman Censo de Bienestar. No lo es, es la recopilación de información de clientelas, que serán cubiertas con diferentes programas. Cito a Casar: “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El presupuesto asignado es de 100 mil millones de pesos, el número de beneficiarios alcanzaría los 9.78 millones de personas”. “Jóvenes Construyendo el Futuro que se divide en dos y cuenta con un presupuesto de 44 mil 300 millones de pesos. La mayor parte (40 mil millones) irá a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Suman 2.3 millones de personas… El resto se entregará a 300 mil estudiantes de nivel superior de escasos recursos”. “Los jóvenes que ya se encuentran estudiando podrán formar parte del programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. El presupuesto asignado es de 17 mil 280 millones de pesos para 5.24 millones de estudiantes que recogerán 800 pesos mensuales.

“Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente costará ocho mil 500 millones de pesos y en él estarían inscritas –según el propio AMLO– siete millones de personas. Para efectos de lo que esta población representará en el padrón, a los siete millones de discapacitados habría que restarle tres millones de personas que ya están contabilizadas en el programa de Adultos Mayores. Los cuatro millones restantes alcanzan 4.5 por ciento del padrón electoral.

“Existen datos para dos programas más: Sembrando Vida y Tandas del Bienestar. El primero costará 15 mil millones de pesos y el número de beneficiarios será de 400 mil personas. El segundo costará seis mil millones y favorecerá a un millón de pequeños negocios. Estos son los siete principales programas para los que se (pudo) recabar datos. El presupuesto total asignado es de 191 mil millones de pesos, los favorecidos son 23 millones (de) personas y su peso en el padrón electoral estimado para 2021 será de 25.7 por ciento”.

El responsable de los “servidores de la nación”, dice Casar, es Gabriel García Hernández, que es también el coordinador de los superdelegados estatales. Permítame complementar con una cita del artículo de Edna Jaime este viernes pasado en El Financiero: “Para 2019 el monto aprobado (a programas sociales) es de 630 mil millones de pesos, pero la relación se modificó a 41 por ciento del Presupuesto para programas con reglas de operación y 58 por ciento sin reglas. La bolsa de recursos asignada a los subsidios que se ejercerán sin reglas asciende a 365 mil millones de pesos”.

De eso se trata, pues.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.