El reporte de International Crisis Group de Bruselas, intitulado ‘Los generales en su laberinto’ (Crisis Group Latin America reporte No. 106, 24 de mayo), sobre la política de seguridad del actual gobierno, no tiene desperdicio. Es una lectura aterradora y aleccionadora. Abajo, algunos de los temas que me llaman la atención.
He visto reseñas del estudio donde se dice que “hay arreglos entre el crimen organizado y el gobierno, en donde se les da libertad de acción [a los criminales] a cambio de reducciones en la violencia”. El reporte no dice eso, precisamente. En la página trece, cito (traducción libre): “En algunas partes de México, las autoridades parecen tener arreglos con grupos criminales en nombre de la reducción de la violencia; en otras, el ejército sigue involucrado en enfrentamientos y la violencia no ha disminuido. Ya sea en uno u otro caso, los grupos criminales no están perdiendo terreno, sino que parecen estar ampliando su portafolio criminal, mientras consolidan tanto el poder social como el político en las regiones”.
ICG es una institución híbrida de think-tank y ONG especializado en seguridad, con sede en Bruselas. El reporte 106 abunda en citas de entrevistas con criminales mexicanos, en donde dicen que en las Fuerzas Armadas hay oficiales patrióticos y bisneros, y que hay con quién entenderse. Deja claro que la institución castrense, que el presidente López Obrador pensaba incorruptible, no lo es. Eso sí: el reporte dice, otra vez cito: “Docenas de fuentes de las fuerzas armadas, grupos criminales, policía, oficiales estatales y expertos en seguridad concuerdan en que la administración del presidente López Obrador se ha restringido más que administraciones anteriores en su actuar en contra de los criminales”. El reporte cita acuerdos informales de un líder de una banda criminal en Michoacán, quien asegura que “hay muchas maneras de ganar dinero, para alimentar a ellos y a nosotros, pero no puede haber muchos muertos”. Sin embargo, no hay en el reporte ninguna mención a un acuerdo de alto nivel, con cobertura nacional, que hiciera explícita una política de tolerancia hacia los criminales a cambio de menor violencia.
Segundo: el reporte abunda en evidencia anecdótica, revelada por algunas de las personas entrevistadas, en donde en el ámbito hospitalario y judicial se cataloga a difuntos con claras marcas de violencia o tiros de gracia como muertes accidentales. El reporte de ICG no hace ninguna mención a la reclasificación y posterior desaparición de los registros de desaparecidos, pero el reporte confirma algo que ya era del dominio público por diversas fuentes: es posible que los muertos derivados de la violencia criminal que se vive en México hoy, sean muchos más de los que nos informa el gobierno.
Tercero: el informe de ICG revela que cuando los grupos criminales cobran piso a actividades lícitas, como la agricultura, la probabilidad de que las autoridades les caigan encima es menor. Es decir, el Ejército anda tras los ingresos del narcotráfico, no los de la extorsión de ciudadanos. ‘Vive y deja vivir’, dice el subtítulo del reporte.
La política de abrazos y no balazos bajó de manera formal desde Palacio Nacional hacia militares y oficiales federales de seguridad, y de manera informal a gobernadores, presidentes municipales, y policías estatales y locales. Y también queda claro que habrá que revisar con cuidado las cifras de incidencia delictiva, porque es posible que los delitos más violentos no hayan cedido.
¿Se redujeron las causas que el gobierno declaró como las precursoras de la violencia, la pobreza y la desigualdad? La respuesta es un rotundo ‘no’. Es posible que haya algunos resultados marginales aquí y allá, pero México sigue siendo igual de desigual que antes, medido por el índice de Gini, tiene más pobres extremos y en términos per cápita todos somos más pobres. Los programas sociales no mitigaron el narcotráfico, ni la extorsión, ni el crimen depredador.
El informe de ICG confirma que la teoría está mal; que la pobreza no nos hace criminales; y que si las autoridades a nivel federal, militar o local pactaron algo con los narcos a cambio de reducciones en la violencia, pues se los chamaquearon.
Si yo viviera en una de las ciudades peligrosas de México no le diría a un encuestador que voy a votar por Xóchitl. Si muchos vecinos lo hacemos, es posible que el crimen organizado nos caliente la plaza. Eso no lo reflejan las encuestas, y como nunca en nuestra historia, la violencia puede cambiar el resultado electoral.