La semana pasada, la autopista México-Puebla, el Arco Norte, la carretera Apizaco-Tlaxcala, y la carretera libre federal México-Puebla estuvieron bloqueadas durante más de cuatro días, desde la mañana del martes 6 de agosto y hasta las 3:40 a. m. del sábado 10.
Las personas que bloquearon la carretera son unos ejidatarios y sus abogados. La autopista México-Puebla se construyó en el año 1962. Según el portal de noticias Aristegui Noticias, no hubo decreto expropiatorio, y los afectados tuvieron que litigar individualmente para recibir una indemnización por los terrenos perdidos.
El periodista Héctor Rodrigo Ortiz reveló a través de su cuenta de X que en 2018 hubo un pago por más de 176 millones de pesos para el ejido de Santa Rita Tlahuapan. Los ejidatarios que bloquearon la autopista son otros, de los ejidos de San Martinito, Matamoros, Ignacio López Rayón y San Juan Cuauhtémoc. El abogado que los representa, Jorge Portilla, fue quien recibió el cheque de indemnización en 2018 para los otros ejidatarios.
Brenda Peña, del portal Latinus, entrevistó al líder de los ejidatarios, Antonio Vargas Vera. Sus joyas discursivas: “Cómo es posible que es un negocio, que es una carretera que recibe tanto dinero… y que no nos han podido pagar. Se empezaron a dar datos de esto hace unos 50 años… ahorita ya llevamos 66 años que se nos indemnizó…”. Don Antonio explica que hace año y medio (o que tomó año y medio, quién sabe) que el Tribunal Agrario le dijera a la SCT que les “pagasen”.
“Nosotros como campesinos somos respetuosos, amables y pues, de un carácter noble…”, dijo este Emiliano Zapata del siglo XXI. Casi me mueve al llanto. Abundó: “Ayer (miércoles), de una manera u otra nos humanizamos, como somos los campesinos, muy nobles, honestos y decisivos cuando se requiere… ayer nos humanizamos para que vea el gobierno que nos humanizamos de una manera u otra”. El humanismo ejidal me provocó una especie de paroxismo. “Estamos dispuestos al diálogo… ayer se empezó a abrir un carril de cada lado a determinadas horas… se les empezó a dar dos horas… a los motociclistas de una manera u otra se les deja pasar… desde el inicio se les estuvo dando la facilidad que pasaran las ambulancias. Enfermos. No, somos humanos también”.
La red, desafortunadamente, desmiente su humanismo. Hay un video de los ejidatarios parando violentamente a un motociclista que intentó romper el bloqueo. Hay una entrevista de una pareja de edad avanzada que perdieron una cita médica.
“No buscamos ventaja ni de una parte ni de la otra”, decía ese adalid de la equidad, ignorando a los terceros en discordia: los ciudadanos que tienen que llegar a la capital del país. “Que se hagan las cosas como se tengan que hacer. Que salga beneficiada tanto una parte como la otra. … Que se hagan avalúos comerciales, pero a la época que se está viviendo… no podemos hablar de los avalúos de hace tantos años, de los cuales se han enriquecido unos cuantos…”.
Bueno, quizá los abogados no se lo dijeron a Don Antonio, pero para hacer las cosas como se debe, tendría que aplicarse el artículo 167, Fracción III, del Código Penal Federal, que a la letra dice: “Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa: … III. Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite, o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado”.
Digo, no es por ser represor, como dice el presidente López Obrador que él no es. Digo, de repente sí es, como le pasó a las señoras mayas que tuvieron que pedirle disculpas al Tren Maya por protestar porque no hay por donde crucen sus hijos las vías para llegar a la escuela. Pero, la ley sí es la ley. No es una guía moral. Don Antonio Vargas Vera, su abogado Jorge Portilla y algunos cuantos más, tendrían que estar sujetos a proceso penal federal por ataque a vías de comunicación. Sus derechos patrimoniales de indemnización por una obra que ocurrió hace 62 años tendrían que defenderlos simultáneamente, quizá desde el reclusorio.
El tiempo de los ciudadanos vale dinero y cosas que no pueden reemplazarse con dinero: sufrimiento e incluso vidas. El no poder moverse entre ciudades cuesta porque hay oportunidades perdidas. Si el gobierno no quiere aplicar la ley por la sombra del 68, la violencia, o porque ello revelaría sus deficiencias, los ciudadanos tenemos que reclamar.