Es importante tener una visión estratégica de la contratación pública, que atienda a una efectiva planeación y programación de las compras, instrumentada por áreas especializadas dentro del gobierno y que respete el Estado de derecho.
El combate a la corrupción es una de las banderas más importantes del actual gobierno, por lo menos es lo que el presidente de la República ha reiterado en múltiples ocasiones, es por ello que resalta lo que ha estado sucediendo en el ámbito de las compras públicas.
Ya en otras ocasiones hemos destacado el aumento del uso de procesos de excepción en lugar de concursos abiertos, afectando la transparencia, la competencia y la libre concurrencia del sector productivo, lo que indica que no siempre se obtienen las mejores condiciones.
Podría pensarse que el Covid ha sido uno de los motivos primordiales por virtud de los cuales se están realizando contrataciones directas, en lugar de procedimientos licitatorios, sin embargo, esta falta de condiciones de competencia en las contrataciones públicas es previa incluso al fenómeno de la pandemia, de acuerdo con estudios del Imco, tanto en el último año de gobierno de Peña Nieto como en el primer año de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor a 80 por ciento. En 2019, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
La falta de transparencia y de competitividad en las compras públicas se ha agravado con el esquema de adquisición de medicamentos e insumos médicos que en agosto de 2020 convino el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica de Presidencia y el Instituto de Salud para el Bienestar con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Con este esquema, que motivó una desafortunada reforma a la ley de la materia para eximir de la aplicación de dicho marco normativo este tipo de operaciones, no solamente no se ha logrado cumplir en tiempo con la finalidad de abastecer la totalidad de las claves medicas requeridas, sino que, además, de acuerdo con el Imco, ha resultado menos transparente, pues la información pública disponible acerca de los procedimientos de contratación instaurados por esa instancia internacional es menor que la que resulta posible obtener del sistema Compranet.
De hecho, no es posible saber ni siquiera cuál fue el procedimiento de contratación instrumentado por la UNOPS o los precios unitarios de cada clave, por lo que no se tiene certeza si los precios pagados por los medicamentos que amparan esos contratos atienden a las mejores condiciones posibles y resultan competentes.
Usted se preguntará, pero qué obsesión por estos temas, lo importante son los medicamentos sea como sea, no importa incluso si los contrata un organismo internacional o el gobierno mexicano. En fin, pueden hacerse varias reservas a lo que le comento y, la verdad, podría tener razón en que lo importante es contar con el abasto de medicamentos, porque de ellos se desprende la satisfacción de una necesidad que implica en muchos casos condiciones de vida de las personas, el derecho a la vida, a la salud están en juego, por lo que si a través de estos mecanismos se lograra la totalidad del abasto de medicamentos e insumos médicos no habría problema, aun con gastos mayores se podría justificar un criterio de oportunidad en la actuación del Estado.
El problema es que desafortunadamente las cosas no han sido así, sigue habiendo un desabasto y las condiciones de compra que tanto se criticaban y por las que se configuró este nuevo esquema no han mejorado esta situación.
Aparentemente ha sucedido lo contrario, no se ha hecho más eficiente la compra de medicamentos, ni mucho más económica, porque también habrá que pensar en todos los indirectos que se derivan de haber contratado una nueva estructura administrativa para estas compras, que es la de la propia UNOPS. Tampoco se ha generado un esquema más transparente, porque no se cuenta con toda la información derivada de dichos procedimientos de contratación y no se sabe si estos contratos se adjudican en condiciones de competencia.
No es necesario contratar asesores internacionales para que hagan las cosas por nosotros, esa medida no sirve para acabar con la corrupción, ni tratar de innovar en esquemas de compra, nuestras leyes, a pesar de ser susceptibles de mejora, contemplan lo necesario para hacer bien las cosas y satisfacer las necesidades públicas de manera transparente y generando condiciones de competencia adecuadas para la participación del sector productivo.
Es importante tener una visión estratégica de la contratación pública, que atienda a una efectiva planeación y programación de las compras, que sea instrumentada por áreas especializadas dentro del gobierno, que respete los parámetros previstos en el marco normativo y que se realice atendiendo a condiciones de transparencia y competitividad.
