Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana

El problema de tener otros datos ante el COVID-19

Es reprobable la falta de control y de información fidedigna respecto a la propagación del virus, opina Juan Manuel Otero.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO, generado por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, publicado el 28 de diciembre de 2021 en el sitio oficial de la Secretaría de Salud federal, a nivel mundial se han reportado 280 millones 119 mil 931 casos confirmados y 5 millones 403 mil 662 defunciones. En las 24 horas previas a dicho informe, se reportaron 455 mil 944 casos y 4 mil 501 defunciones a nivel global, destacando que la letalidad global es de 1.9%.

En el mismo Informe se indica que hasta ese día se habían confirmado desde que comenzó la pandemia en México 3 millones 956 mil 372 casos totales y 298 mil 944 defunciones totales por COVID-19, sin embargo, ya desde marzo pasado el propio subsecretario, Dr. Hugo López Gatell, ha reconocido que esta cifra bien podría ser de más del doble de lo que acusan las cifras oficiales, situación que por sí misma tendría que considerarse cuando menos como cuestionable, en virtud del rango de falibilidad que el propio gobierno ofrece respecto de sus cifras, lo que nos permite pensar en la deficiencia que existe en la generación, integración y control de la información que gestiona y organiza la propia Secretaria como responsable del sistema de salud.

La información es básica para la toma de decisiones, no solamente en materia de salud, sino en cualquier rama, materia o actividad, sí la información no es fidedigna o resulta incompleta o sesgada, como nuestro propio gobierno ha reconocido, es claro que la calidad de las decisiones tomadas puede estar igualmente comprometida, como nos lo ha dejado ver a lo largo de la pandemia.

Lo más negativo no es saber que la totalidad de las defunciones por COVID-19 en nuestro país podría ser del doble, sino el trasfondo del mensaje, la falta de control y de información fidedigna o manipulada, que puede llevarnos a pensar en qué otros rubros de esta misma problemática tendríamos que llevar otra contabilidad.

Con todo esto, no sorprende ver al Dr. López Gatell desestimando el riesgo de una nueva ola de COVID-19, con los riesgos que implica no solamente la variante Delta, sino ahora la Omicron, destacando que “es claramente más transmisible, pero produce menos enfermedad grave”, en contraste con la respuesta que han dado otros gobiernos, exigiendo pruebas para viajar o ingresar a sus fronteras o recrudeciendo medidas de salud pública como las impuestas durante la cuarentena pasada, con suspensión de eventos masivos o cierre de actividades comerciales.

Es claro que este optimismo desbordante no ha sido compartido en todas las latitudes de nuestro país, incluso el gobierno de la Ciudad de México, que ha sufrido un incremento sostenido de casos de contagio en los últimos días, ha optado por suspender los festejos masivos que se tenían previstos para el fin de año. Bien por la Jefa de Gobierno, nunca es tarde para recapacitar, aunque hubiera sido mucho más sensato tomar esta medida desde los eventos públicos masivos de proselitismo encabezados por el Ejecutivo Federal hace unas semanas, una muestra más de que la acción política en este país es más relevante que la salud y el bienestar de la población.

Ante todo lo anterior, es visible que el Dr. López Gatell ha optado por apostar por las medidas de higiene básicas, es decir, la sana distancia, uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos; ventilación de lugares cerrados y saludo a distancia, además de procurar el resguardo familiar de personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos y personas embarazadas. Además de advertir la necesidad de continuar con los esquemas de vacunación, que desde hace unas semanas comprenden refuerzos para adultos mayores, así como vacunación a adolescentes de 15 a 17 años y a los niños mayores de 12 que presenten alguna comorbilidad que pueda acentuar la enfermedad, dejando de lado a niños menores de 12 años, a pesar de ser medidas ya instrumentadas en otros países.

Ojalá que la falta de medidas más restrictivas como las de carácter migratorio, de aislamiento o distanciamiento social y la falta de vacunación infantil no traigan consigo un incremento en el número de niños hospitalizados por la nueva variante, como se ha demostrado en Estados Unidos, a pesar de que en este país ya se comenzó a vacunar a niños de 5 años en adelante o un incremento desmedido o saturación de las instituciones hospitalarias en general y, particularmente, de aquellas áreas que proporcionan los servicios de cuidados intensivos a quienes sufren estos padecimientos, ello podría ocasionar efectos poco deseables.

Estos efectos negativos son tristemente comprobables y han colocado a nuestro país en el top 5 de fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial, ocupando el nada honroso quinto puesto, sólo superados por Estados Unidos, Brasil, India y Rusia y eso considerando la cifra oficial, sin multiplicarla por dos, como el propio subsecretario ha sugerido, lo que bien podría llevarnos a la pelea por la segunda posición y todo ello sin considerar la relación que existe entre el número de muertos y el de casos confirmados en cada país, pues dicho ejercicio podría llevarnos directamente a la primera posición.

Con independencia de lo mucho o poco que esté haciendo este gobierno, es importante seguir cuidándonos nosotros mismos, tomando con seriedad las medidas básicas de higiene, sin bajar la guardia y sin relajar medidas, no podemos darnos el lujo de actuar de otra manera, ni a nivel individual, ni a nivel familiar, ni social.

Juan Otero Varela

Dr. Juan Manuel Otero Varela

Profesor investigador y director académico del programa de Maestría en Derecho Administrativo en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la UP; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I; y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.

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