La semana pasada, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley de Hidrocarburos.
Al igual que los recientes cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, la propuesta busca acrecentar el poder de mercado de las empresas estatales en el sector energético y así anular, en gran medida, la incipiente apertura a los particulares promovida por la administración anterior.
La premisa del proyecto es que la seguridad en el abasto de los energéticos no puede confiarse a las empresas privadas, las cuales han dado muestras de corrupción, al tiempo que la reforma energética pasada ha sido la causa del debilitamiento financiero de los organismos estatales.
Por consiguiente, las modificaciones planteadas se enfocan en restringir los permisos a los particulares en las diferentes etapas de la transformación de hidrocarburos, así como en la comercialización, el transporte, el almacenamiento, la distribución y otras actividades relacionadas con esos compuestos y sus derivados.
Específicamente, las enmiendas propuestas pueden organizarse en tres grupos. En primer lugar, se incrementan los posibles obstáculos para el otorgamiento de nuevos permisos, en dos vertientes.
Por una parte, se añade a las estipulaciones actuales el requisito de que el aspirante a permisionario pruebe la capacidad de almacenamiento determinada por la Secretaría de Energía.
Por otra parte, la solicitud puede no ser atendida, ya que, si el gobierno no responde en el plazo máximo establecido, se entenderá como denegada. Tal eventualidad, conocida como ‘negativa ficta’ contrasta con la correspondiente afirmativa en vigor.
En segundo lugar, los permisos pueden ser revocados por la reincidencia, ya sea en incumplir las disposiciones de cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, o bien en modificar las condiciones técnicas de sistemas, ductos, instalaciones o equipo sin autorización. El ilícito más frecuente que se querría sancionar es la expedición fraudulenta de gasolina y gas a los usuarios finales.
Adicionalmente, los permisos pueden caducar si el permisionario no ejerce sus derechos en el plazo indicado o, a falta de éste, en un año.
En tercer lugar, los permisos pueden ser suspendidos de manera temporal, lo cual se agrega a las posibilidades de ocupación temporal o de intervención previstas en la ley, con miras a “garantizar los intereses de la Nación”.
Además, en cualquiera de estos casos, solo las empresas estatales podrán dar continuidad a las actividades abarcadas en el permiso, lo cual elimina la opción de contratar a terceros permitida en la actualidad.
En caso de ser aprobadas, estas alteraciones conllevarían efectos adversos sobre el bienestar de la población, entre los que destacan los siguientes.
El impacto más directo consistiría en una reducción notable de la inversión privada en el sector energético y en la economía. Ello sería lamentable, considerando la tendencia descendente de los gastos de capital empresarial observada desde 2018, y la importancia que este componente tiene en el crecimiento económico futuro.
En concreto, parece menos probable la entrega de nuevos permisos, a la luz del mayor costo para sustentar las solicitudes y la animadversión gubernamental a la participación de los particulares.
Asimismo, la revocación podría fincarse de forma arbitraria, lo cual se suma a la disuasión derivada de posibles sanciones tipificadas en otros ordenamientos, como la extinción de dominio y la prisión preventiva para delitos en hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
Más preocupante resulta la eventualidad de una suspensión que podría ejercerse con base discrecional. Si bien la ley prevé que los derechos de los particulares serían salvaguardados, su ejecución equivaldría a una expropiación sin compensación alguna.
Como consecuencia, disminuiría la competencia entre proveedores en el sector, lo que menguaría la eficiencia, la seguridad en el abasto y la calidad de los servicios.
Finalmente, se agrandaría la carga sobre las finanzas públicas. Aparte de dedicar recursos para litigar las inconformidades de los inversionistas afectados, aumentarían los requerimientos financieros de Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo.
La iniciativa legal en materia de hidrocarburos es un retroceso al pasado que erige a Pemex, en lugar de los consumidores, como la razón de ser y la finalidad de la industria petrolera. La mayor inhibición de la inversión privada ante la inseguridad jurídica constituiría un descalabro más para el disminuido potencial de desarrollo económico del país.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí