Las elecciones intermedias del próximo junio en México han desencadenado una intensa actividad proselitista de los partidos y candidatos políticos para atraer el voto de los ciudadanos.
Las campañas han sido vigorosas y, en gran medida, se han enfocado en la descalificación de los adversarios. La efervescencia de las reprobaciones mutuas se ha agudizado con la proliferación de eventos violentos contra funcionarios, candidatos, activistas y periodistas, que ha abarcado desde intimidaciones y amenazas verbales hasta secuestros y atentados contra la vida de los involucrados y sus familias.
Si bien, por desgracia, la violencia no ha sido ajena a las elecciones en el pasado y, además, ha exhibido una tendencia ascendente en años recientes, los delitos se han multiplicado, particularmente, por tratarse de los comicios en los que se renueva el mayor número de puestos políticos de la historia.
En este ambiente, surge naturalmente la pregunta: ¿por qué los políticos buscan con tanta vehemencia destruir al adversario, incluyendo medios claramente ilícitos, con el fin de ganar las elecciones?
La exploración de las posibles razones que llevan a las personas a involucrase en actividades políticas ha sido materia de investigación de filósofos y otros especialistas por varios siglos.
Un enfoque que, desde la segunda mitad del siglo pasado, ha ganado aceptación entre los estudiosos del tema, por su sencillez y capacidad predictiva, ha sido el que aplica, a las decisiones colectivas, los principios utilizados por los economistas para analizar los mercados.
Este método de interpretación, impulsado, en especial, por el fallecido Premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, se sustenta en el principio de que la gente actúa motivada principalmente por su interés propio.
Este supuesto no debe interpretarse como algo necesariamente negativo, ya que puede expresarse como la búsqueda legítima de objetivos personales. Aunque es posible que algunas decisiones incluyan una preocupación por los demás, incluso tal eventualidad se enmarcaría dentro del mismo principio.
En la opinión de Buchanan, este enfoque permite interpretar la actividad política con realismo, alejada de nociones románticas o ilusorias.
En particular, en las elecciones, el interés propio guía el comportamiento de ambos lados de las urnas. Tanto los candidatos como los votantes toman las decisiones que perciben como las que más los favorecen individualmente.
En sus campañas y discursos, los políticos acostumbran aparentar una preocupación por el bien común, en función de lo que creen que les gusta oír a los electores. Sin embargo, en realidad, persiguen sus aspiraciones personales.
Y como el poder es el fin esencial de la política, en el fondo, los candidatos a puestos públicos tienen como objetivo alcanzarlo y mantenerse en el mismo durante el mayor tiempo posible. Desde luego, esta intención nunca es revelada expresamente por los políticos, los cuales prefieren justificar sus acciones en términos altruistas.
En la práctica, la búsqueda de poder se fragua prometiendo beneficios a segmentos clave de electores, entre los que pueden destacar los pobres, los adultos mayores y los discapacitados. La lealtad de estos grupos puede consolidar la permanencia en el poder.
A su vez, entre los votantes, suelen surgir grupos de interés, bien organizados, que tratan de influir en la opinión pública para lograr un impacto significativo en los resultados electorales, y de esta manera, obtener también poder. Ejemplos de estas facciones en México podrían ser el magisterio y la burocracia en el sector energético.
Las actuales tensiones electorales del país reflejan, en grado elevado, el problema característico de cualquier acción colectiva: mientras que la cooperación entre los participantes beneficiaría a la sociedad en su conjunto, éstos no la llevan a cabo por tener intereses en conflicto. En los comicios, unos grupos ganan a costa de los demás. Las ganancias y pérdidas pueden ser cuantiosas, lo cual incentiva la pugna.
La imposición de la voluntad de unos sobre otros, propia de la rivalidad electoral, no ocurre con la competencia económica. Esta última garantiza las mejores condiciones para que las partes siempre obtengan un beneficio mutuo. Por ello, generalmente la competencia económica procede de forma pacífica y sin denuestos.
Dadas las limitaciones de acción colectiva típicamente presentes en cualquier elección, el remedio propuesto por los economistas es limitar el poder del gobierno mediante reglas estables expresadas en la Constitución. En México, ello requeriría, como mínimo, abandonar la prolongada práctica de convertir este instrumento legal en botín político del grupo ganador en las elecciones.