Después de dos décadas de inflación elevada y un programa de estabilización que terminó en una crisis de balanza de pagos, en 2001 Turquía decidió adoptar un régimen de libre flotación, el cual se mantiene, aunque con esporádicas intervenciones oficiales, hasta el presente.
En ese mismo año, se modificó la ley del Banco Central de la República de Turquía (CBRT, por sus siglas en inglés) para incorporar dos grandes cambios. En primer lugar, se definió como objetivo prioritario alcanzar y mantener la estabilidad de los precios.
En segundo lugar, se le otorgó autonomía al CBRT, expresada principalmente en dos aspectos: independencia en el uso de los instrumentos para el ejercicio de sus funciones y prohibición para otorgar crédito al gobierno o a las entidades estatales.
Finalmente, en 2006, ese instituto emisor puso en marcha un esquema de objetivos de inflación. Este método, aplicado en muchos países, consiste en buscar ‘anclar’ las expectativas de inflación y la inflación misma en una meta que el banco central anuncia previamente.
La efectividad de la estrategia depende de la credibilidad de la autoridad monetaria respecto a su compromiso con el objetivo, la cual suele fortalecerse con la congruencia entre la meta y la política monetaria, así como con los resultados.
Como preparación al esquema de objetivos de inflación, Turquía aplicó un programa de disciplina fiscal y monetaria, lo cual contribuyó a que la inflación se redujera considerablemente. Así, el crecimiento anual del Índice de Precios al Consumidor bajó de 70 por ciento en 2001 a 7.7 por ciento a finales de 2005.
Después de algunos ajustes, desde 2012 el objetivo de inflación anual, definido para diciembre, ha sido 5 por ciento, con un intervalo de ‘incertidumbre’ de más y menos dos puntos porcentuales.
Si bien al inicio las metas de inflación parecen haber guiado la conducción de la política monetaria, posteriormente tales compromisos han perdido relevancia. Por ejemplo, durante 2017-2020 la inflación anual promedio se ubicó en cerca de 15 por ciento, casi el doble del observado en los once años previos.
La agudización de la inflación ha formado parte del deterioro de las condiciones financieras de Turquía. En concreto, a partir de la Gran Crisis Financiera de 2008-2009, ese país ha buscado impulsar el crecimiento económico mediante el estímulo de la demanda interna. Tal empuje ha dependido de una política fiscal expansiva y la propagación del crédito barato, en el cual los bancos estatales han jugado un papel preponderante, favoreciendo, en especial, al sector de la construcción.
Con el fin de apoyar la disponibilidad del financiamiento, el CBRT ha mantenido una postura monetaria acomodaticia, como lo refleja el hecho de que la tasa de interés de referencia se ha situado, gran parte del tiempo, por debajo de la inflación.
El exceso de gasto sobre ingreso se ha manifestado en significativos déficits de la cuenta corriente, los cuales han superado 5 por ciento respecto al PIB en varios años. Este desbalance ha implicado un financiamiento de fuentes externas, a las que han acudido bancos y grandes corporaciones.
El reciente aumento de los desequilibrios y la desconfianza del público en el manejo macroeconómico, han generado un aumento de la dolarización, salidas de capital del país y fuertes presiones sobre la lira turca.
Una causa central de las fragilidades financieras ha sido la interferencia del presidente Recep Erdoğan en la operación del CBRT. El mandatario turco sostiene concepciones peculiares, como la que estipula que las tasas de interés elevadas causan inflación. De ahí que se haya manifestado reiteradamente contra los intentos de restricción monetaria, a pesar de la inflación ascendente.
Para manipular al Banco Central, el presidente ha cambiado, mediante decreto presidencial, cuatro veces al gobernador, en menos de cuatro años. La remoción más reciente ocurrió en marzo pasado, dos días después de que el CBRT incrementara doscientos puntos base su tasa de interés de referencia.
En estos reemplazos, Erdoğan ha buscado, principalmente, personajes que sean afines a su partido político y le sean leales. Tras la última destitución, la lira se depreció 15 por ciento en un solo día.
El gobierno de México debería tomar en cuenta la experiencia turca para asegurar el respeto a la autonomía “de hecho” del Banxico, evitando intromisiones en sus quehaceres y proponiendo candidatos para su Junta de Gobierno que estén comprometidos con el ejercicio independiente de sus funciones. El debilitamiento de esa institución podría generar problemas de inestabilidad financiera, lo cual dificultaría aún más el crecimiento económico.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).