La inversión, entendida como la variación del acervo de capital físico, juega un papel crucial en la economía. Al formar parte de la demanda agregada, en el corto plazo, una mayor inversión incrementa directamente el PIB.
Sin embargo, la contribución más importante ocurre en un horizonte más extenso. La inversión significa más estructuras, maquinaria, equipo y otros bienes duraderos que se destinan al proceso productivo. Por ello, el acrecentamiento del capital físico hace más eficiente el uso de otros factores, notablemente el capital humano, al reducir los recursos requeridos y aumentar la efectividad en la producción.
Además, la inversión permite la transmisión de nuevas formas de operar y propicia el cambio tecnológico, que es el principal determinante de la expansión económica de largo plazo.
En los años recientes, algunos observadores han manifestado su preocupación sobre la prolongada caída y el reducido nivel de la inversión pública en México. Con justa razón, estos analistas temen que esta evolución podría estar limitando la capacidad del Estado de ofrecer bienes y servicios ‘públicos’, es decir, aquellos que por su naturaleza no son provistos en cantidades adecuadas por el mercado, como el alumbrado vial, los parques y las carreteras y, por ende, recaen en su responsabilidad.
En efecto, después de un gradual ascenso desde mediados de los años noventa del siglo pasado, a partir de la crisis de 2009 se ha observado una contracción casi continua en el componente público de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), variable con la que el Inegi mide la inversión dentro de los indicadores trimestrales de oferta y demanda agregadas.
Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, la inversión pública en el primer trimestre de 2021 se ubicó, en términos reales, 54.3 por ciento por debajo de correspondiente nivel en igual trimestre de 2009.
En contraste, en el periodo de referencia, el consumo público registró una tendencia ascendente. En los últimos años, el sector público ha buscado contener el aumento de su deuda respecto al PIB, fundamentalmente, sacrificando la inversión.
En principio, el persistente declive de la inversión, a favor del aumento del consumo, refleja un enfoque inapropiado de política económica, al limitar el potencial de crecimiento de la economía, a cambio de una utilización menos rentable de los recursos públicos.
La disminución de los niveles de inversión pública es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, en gran medida, ese flujo no se ha orientado a construir la infraestructura de bienes públicos que podría impulsar la productividad de la economía.
Con base en los datos de finanzas públicas, el CIEP ha calculado que, en promedio durante 2010-2020, los desembolsos gubernamentales de inversión correspondieron en 46.3 por ciento a combustibles y energía, una y media veces el total dedicado a vivienda y servicios comunitarios y comunicaciones y transportes, y más de nueves veces el de educación y salud.
Los gastos gubernamentales en combustible y energía, además de no haber impedido una caída en la producción de esos insumos durante la década pasada, han apoyado una actividad que podría ejercerse plenamente por el sector privado, lo cual liberaría recursos para las funciones propias del Estado.
Con todo, resulta motivo de mayor alerta el comportamiento reciente de la inversión privada. Siendo, con mucho, el componente más importante de la FBCF, esta variable es la que puede apoyar, en mayor grado, el desarrollo económico del país.
Desde el segundo trimestre de 2018, la inversión privada ha registrado una tendencia a la baja, aun ignorando el extraordinario desplome relacionado con la pandemia del Covid-19 durante el segundo trimestre de 2020. El nivel real de esta variable en el primer trimestre de 2021 fue 15 por ciento inferior al de igual lapso tres años antes.
Si bien en la trayectoria reciente de la inversión privada podrían estar influyendo múltiples factores, el cambio hacia la baja coincide con las elecciones presidenciales. Al parecer, el enfoque de política económica de la presente administración ha sido el elemento central inhibidor, al involucrar cambios en las reglas del juego y nuevos obstáculos para la inversión. Si se pone en duda el aprovechamiento futuro de los derechos de propiedad y se erigen barreras de entrada adicionales, es lógico que se desplomen los proyectos de capital.
Más que una meta de inversión como porcentaje del PIB frecuentemente enarbolada por algunos planificadores, el progreso del país requiere un enfoque y calidad adecuados para la inversión pública, así como seguridad jurídica que genere confianza y certeza a los inversionistas.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).