A principios de este mes, la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de Giro (DEG) por 650 mil millones de dólares. La directora gerente de ese organismo mencionó que esta medida busca apuntalar la liquidez global, lo cual “generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial”.
Los DEG son activos creados por el FMI para aumentar la reserva internacional de los países miembros. Sus inicios datan de 1969, cuando esa institución los concibió como un complemento de liquidez, dentro del sistema de tipos de cambio fijo, ante el temor de una posible insuficiencia de dólares de Estados Unidos para las transacciones internacionales.
Sirven, además, como unidad de cuenta que utilizan el FMI y otros organismos internacionales en sus operaciones financieras. En la actualidad, su valor es determinado diariamente con base en una canasta de cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra esterlina, cuya variación refleja los movimientos de los correspondientes tipos de cambio.
Los DEG no son una moneda, sino un instrumento que puede canjearse por monedas de libre circulación de los países miembros. No lo pueden mantener los particulares, sino solo el FMI, los países miembros y un pequeño grupo de ‘tenedores autorizados’, entre los que se encuentra el BIS.
Este instrumento opera como un activo de reserva porque los países se comprometen a mantenerlo e intercambiarlo por monedas de libre circulación, aceptando el valor definido por el FMI.
Las asignaciones se rigen de acuerdo al sistema de cuotas, que reflejan la importancia relativa de los países en la economía mundial. Contablemente, una distribución implica dos asientos, de igual monto, proporcional a la cuota, en el balance de cada país: un cargo a la ‘tenencia’, que incrementa el activo y un abono a la ‘asignación’, que incrementa el pasivo.
Esto significa que cada nación tiene y, a la vez, debe los DEG. En particular, los DEG no son un crédito del FMI, el cual es un mero intermediario, sino un derecho y una obligación entre los países miembros.
El activo es remunerado y el pasivo cargado con la misma tasa de interés, por lo que la asignación en sí misma es a costo cero, excepto por un pequeño recargo aplicado al pasivo, para sufragar los gastos operativos del FMI.
En contraste, la venta de DEG implica intereses contra el vendedor a favor del comprador, sobre el correspondiente desbalance entre activo y pasivo. En general, el FMI cobra intereses sobre el saldo deudor acumulado de DEG de los países en tal situación y los canaliza a los que tienen saldo acreedor.
Cada país participa en el FMI a través de su denominado ‘agente fiscal’. En el caso de México, como en la mayoría de las naciones, esta función recae en el Banco Central. El Banco de México ha desembolsado los recursos de las aportaciones al FMI, que periódicamente han ocurrido con los aumentos del monto de las cuotas.
En consecuencia, la reciente asignación de DEG, proporcional a la cuota de nuestro país, por poco más de 12 mil millones de dólares, ha implicado un aumento de la reserva internacional del Banxico, así como de su pasivo, por esa cantidad. Como el pasivo referido es de largo plazo, de hecho, de plazo indefinido, no se resta del activo.
La reserva internacional del Banco de México tiene como objeto legal apoyar la procuración del objetivo prioritario de la estabilidad de los precios. Los DEG incrementan esa reserva y su aportación se deriva de la posibilidad de ejercer la opción de convertirlos a moneda de libre circulación, no forzosamente de su conversión.
En días pasados, el presidente de la República expresó su deseo de que el Banxico transfiera los DEG al gobierno federal con el fin de pagar deuda pública. Al parecer, la operación que tiene en mente es el canje de los DEG por moneda fuerte para cancelar deuda ‘cara’ a cambio de mantener el pasivo de menor costo de los DEG.
Los DEG de la reserva internacional son propiedad del Banxico y no del gobierno federal. El pasivo correspondiente también es del Banxico y no una deuda gubernamental. La propiedad del gobierno hubiera requerido un cambio previo de agente fiscal a su favor, lo cual es siempre factible, tal vez no deseable, pero no ocurrió. La cesión de DEG por parte del Banxico implicaría un financiamiento al gobierno, lo cual sería ilegal.
De ahí que, si el gobierno desea pagar deuda en moneda extranjera, puede acudir a comprar las divisas al Banxico, dentro de las operaciones cambiarias que, de forma ordinaria, realiza con el Instituto Central. En este y cualquier otro caso, el Banxico no necesita liquidar los DEG, ya que cuenta con disponibilidades suficientes.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).