En años recientes, la inversión fija bruta en México ha mostrado una creciente debilidad. En particular, durante tres años, desde la segunda mitad de 2015, esta variable se mantuvo estancada, como resultado del declive del componente de la construcción, que contrarrestó el ascenso del componente de maquinaria y equipo.
La atonía de la inversión se profundizó a partir de mediados de 2018, con una trayectoria descendente, que se acentuó durante abril y mayo de 2020 como consecuencia de las medidas para enfrentar la pandemia. El desplome fue sustancial, al llevar la inversión a un nivel inferior a 80 por ciento del promedio observado en 2013. El deterioro en la formación de capital involucró sus dos componentes, si bien la construcción resultó la más afectada.
Desde mediados de 2020, la inversión se ha incrementado, aunque a un ritmo decreciente, lo que ha reflejado, principalmente, el virtual estancamiento de la construcción durante el presente año. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en julio pasado la inversión aún se encontró por debajo del nivel de febrero del año anterior.
El desfavorable desempeño de la inversión es preocupante porque limita el dinamismo contemporáneo de la economía. Así, a pesar de ser el componente de la demanda agregada que más cayó en 2020, la inversión ha apoyado poco a la recuperación económica.
Por ejemplo, durante los primeros seis meses de 2021, en el crecimiento anual del PIB de 6.9 por ciento, la inversión total contribuyó con 1.9 puntos porcentuales, mientras que el consumo privado lo hizo en 5.1 puntos.
Más importante resulta el hecho de que la menor inversión, así como su deficiente calidad, restringen las posibilidades de expansión económica de largo plazo. En efecto, la formación de capital incluye la ampliación y modernización de las edificaciones y estructuras físicas que hacen posible una mayor producción de bienes y servicios.
Además, la inversión es una forma esencial de aprovechar los hallazgos que permiten la innovación y la mayor eficiencia productiva. El cambio tecnológico es la principal fuente de crecimiento sostenido de cualquier economía.
Es difícil identificar con certeza los factores que podrían explicar la prolongada debilidad de la inversión. No obstante, una conjetura razonable apunta a diversos elementos que han conformado el marco de política económica.
Específicamente, la disminución de la construcción durante los tres años a partir de la segunda mitad de 2015 parece reflejar la crisis y posterior reestructuración de los desarrolladores de vivienda. En buena medida, ésta tuvo su origen en las nuevas reglas gubernamentales para otorgar subsidios a las construcciones habitacionales, dando preferencia a las zonas urbanas, lo que desvalorizó muchas reservas territoriales de esas empresas.
En menor grado, contribuyó también la mayor contracción de la inversión pública, implantada como respuesta a la caída en los precios internacionales del petróleo y la agudización de los problemas financieros de Pemex.
Por su parte, el inicio de la tendencia declinante de la inversión total a mediados de 2018 coincide con la victoria electoral del actual presidente de la República, cuya implicación inmediata para la inversión fue la decisión de detener la edificación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, con base en una consulta popular llevada a cabo en octubre de ese año.
A esa determinación le ha seguido una serie de medidas que han dañado el ambiente para realizar negocios, mediante barreras a la inversión y el deterioro del Estado de derecho. Las acciones más notorias han abarcado la interrupción de la construcción de una importante fábrica cervecera, recurriendo a otra consulta popular; el freno de permisos y subastas en el sector energético; y la renegociación de contratos con concesionarios de ductos, entre otras.
Asimismo, durante 2021 la incertidumbre jurídica ha aumentado con diversas modificaciones legales orientadas a acrecentar el estatismo eléctrico, así como el poder monopólico de Pemex, en detrimento de la participación de los particulares.
Finalmente, la iniciativa de reforma constitucional en materia energética, actualmente en el Congreso, busca, entre otros aspectos, concentrar la generación eléctrica en la CFE, cancelando los permisos existentes, así como los contratos de compraventa de electricidad. Las plantas del sector privado quedarían sin sustento jurídico y sujetas a las condiciones de la CFE.
Es urgente que la política económica dé un giro sustancial hacia fortalecer el entorno institucional que provea confianza a los inversionistas. El enfoque gubernamental actual solo augura un mayor debilitamiento de la inversión, con consecuencias muy adversas sobre las posibilidades de progreso económico del país.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).