Teóricamente, la razón de ser de las políticas públicas es propiciar el aumento del bienestar de la población. Las finanzas públicas, que reflejan la situación y trayectoria financiera de la actuación gubernamental, deberían evaluarse en función de ese criterio.
Desde ese ángulo, el juicio sobre las finanzas públicas de México, durante la primera mitad del 2022, no resulta favorable.
Como en años recientes, tal vez el principal aspecto positivo de las cuentas gubernamentales durante este período haya sido mantener relativamente acotados los balances entre ingresos y egresos, lo cual ha propiciado cierta estabilidad en la deuda pública.
Por ejemplo, el balance primario, definido como la diferencia entre ingresos y gastos de sector público, excluyendo el costo financiero, fue positivo y superior tanto al programado, como, en términos reales, al de igual lapso de 2021.
Este saldo es relevante porque, entre mayor sea, más espacio tiene el gobierno para contener su endeudamiento. Según estimaciones de la SHCP, el superávit primario y el crecimiento económico permitieron que, de diciembre de 2021 a junio de 2022, el cociente de deuda neta total del sector público a PIB se redujera 1.6 puntos porcentuales.
Hasta ahora, esta ‘disciplina fiscal’ ha eliminado una posible fuente de inestabilidad financiera. No obstante, dejar de ser un problema financiero, aunque significativo, constituye una condición mínima para el adecuado desempeño gubernamental. La estructura de las finanzas públicas de la primera mitad de 2022 confirma deficiencias en la extracción y asignación de recursos, que han menguado la mejora social.
En gran medida, las cuentas financieras estuvieron determinadas por dos prioridades. En primer lugar, el compromiso presidencial de que los precios al público de los energéticos no aumentarían en términos reales. Ello implicó la disminución de la cuota del IEPS hasta niveles virtualmente de cero, así como concesiones adicionales en términos de otros impuestos.
Esta renuncia recaudatoria equivale a una utilización de recursos para subsidiar el uso del automóvil, en un ambiente de precios internacionales de energéticos elevados. Además de ineficiente, el apoyo ha sido inequitativo al favorecer más al que más autos tiene y mayor uso les da.
En segundo lugar, la canalización de crecientes erogaciones, por arriba de las planeadas, a los proyectos favoritos de la administración, principalmente, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles.
Estos proyectos no parecen rentables desde el punto de vista económico y su justificación social es, en el mejor de los casos, debatible. De cualquier forma, difícilmente representan las mejores estrategias para los supuestos objetivos de abastecimiento energético, integración económica del sureste mexicano y transportación aérea.
Ante estas prioridades, el cierre de los balances fiscales implicó dos grandes medidas. Por una parte, como el incremento de los ingresos petroleros fue inferior a la caída recaudatoria relacionada con los subsidios energéticos, el gobierno buscó compensar el déficit con otros gravámenes.
En medio de una débil reanimación económica que, al segundo trimestre de 2022, aún no alcanzó el nivel del PIB previo a la pandemia, los ingresos tributarios por concepto de ISR, IVA e importaciones resultaron, cada uno, muy superiores, en términos reales, a los de 2021.
Según la SHCP, el mayor dinamismo de los ingresos petroleros se debe a la mayor actividad económica y a la fiscalización, descrita esta última como “diversas acciones para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.” Si bien la autoridad no aporta detalles, éstas incluyen diversas medidas, legales y extralegales, aplicadas en especial desde 2020, que parten del supuesto de un incumplimiento, ante lo cual el contribuyente encuentra cada vez menos recursos para defenderse.
La coacción tributaria, percibida como injusta, daña la confianza de las empresas y las personas, y no abona a la recuperación de la inversión fija bruta, la cual se ha desplomado durante la presente administración.
Por otra parte, el gasto primario del sector público, es decir, el que excluye el costo financiero, se ubicó por abajo del programa. Este ‘subejercicio’ fue notable en justicia, seguridad, salud y educación, rubros considerados esenciales en las funciones del Estado.
La debilidad estructural de las finanzas públicas, además de poner en peligro su propia sostenibilidad, aspecto tan elogiado actualmente, implica un severo desperdicio, al desviar los recursos públicos de su mejor uso social alternativo. El desconocimiento de este ‘costo de oportunidad’ ha contraído, sin duda, las posibilidades de bienestar.