El acuerdo de intención de compra de 13 plantas generadoras de energía de Iberdrola por parte del administrador de activos Mexico Infrastructure Partners (MIP), anunciado la semana pasada, fue celebrado por el presidente de la República como “una nueva nacionalización que beneficia al pueblo”.
La información sobre la eventual transacción, valuada en aproximadamente 6 mil millones de dólares, ha sido clara del lado de Iberdrola. Al ser una empresa que cotiza en bolsa, Iberdrola ha revelado, con detalle, los motivos y los efectos que espera del convenio.
Por ejemplo, ha dado a conocer que 87 por ciento de la energía generada por los activos está contratada con la CFE y su concesión está sujeta a renovación; 60 por ciento tiene más de 16 años de operación; y cuatro activos se encuentran afectados por litigios con organismos reguladores. La compañía considera que la operación es congruente con su enfoque estratégico en energías renovables y mejora sus indicadores financieros.
En contraste, el gobierno federal ha proporcionado información confusa y, en ocasiones, engañosa, en especial respecto a tres particularidades clave.
La primera se refiere al adquirente. Si bien Iberdrola especifica que la venta se haría a un fideicomiso gestionado por MIP, el gobierno federal se adjudica la propiedad de los activos al señalar que, en este “vehículo de inversión”, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del gobierno, tendrá participación mayoritaria. El comunicado oficial afirma que el acuerdo representa una generación adicional para el Estado.
La auto asignación gubernamental de la propiedad es, por lo decir lo menos, descuidada, ya que la titularidad legal en el fideicomiso recaería en MIP, como fideicomisario, mientras que el gobierno, en la medida de su participación, recibiría los beneficios de los activos depositados.
La segunda peculiaridad es la opacidad del financiamiento. El gobierno ha admitido que el Fonadin se endeudaría para aportar capital al fideicomiso. Sin embargo, la SHCP ha minimizado el incremento de pasivos al señalar que no aumentaría la deuda “presupuestal”, porque el Fonadin se encuentra “fuera del balance de sector público”.
El intento de oscurecer el endeudamiento gubernamental mediante la contabilidad contradice los estándares de transparencia exigidos por las autoridades a empresas y particulares. Con todo, la trampa claudica ya que los pasivos del Fonadin forman parte del concepto más amplio de deuda pública.
Como en otras decisiones, la presente administración parece desdeñar el costo de oportunidad del desembolso de los recursos. En descuido de sus funciones básicas, como la provisión de seguridad pública, salud y educación, o bien de necesidades apremiantes de infraestructura, como las redes de transmisión, las cuales inciden en la calidad del suministro de energía, el gobierno prefiere gastar en el traspaso de activos, sin aumentar la capacidad de generación eléctrica del país.
La tercera singularidad consiste en que la CFE operará las trece plantas, lo que, según el gobierno, le permitirá reducir costos. Este cambio parece haber contribuido a la presunción gubernamental de que podrá rebasar el objetivo de una cuota de mercado de 54 por ciento en la generación eléctrica nacional.
No obstante, parece difícil que las plantas transferidas generen una disminución de costos medios. Los activos son independientes y se encuentran geográficamente dispersos, lo cual limita las posibilidades de economías de escala. De hecho, lo más probable es que ocurra lo contrario, considerando la menor eficiencia operativa de la CFE respecto de Iberdrola, derivada, entre otros factores, de su pobre gobierno corporativo, sus generosas prestaciones laborales y su falta de controles.
Además, el objetivo de participación de mercado carece de justificación económica, si se tiene en cuenta que se contrae la competencia en generación y la CFE quiere producir lo que antes compraba a menor costo.
Más allá de la idoneidad en el uso del término, la caracterización del acuerdo como una “nacionalización” refleja el rechazo presidencial a la inversión extranjera y, en particular, a Iberdrola. La venta de la mayoría de sus activos en México parece haber sido una excelente decisión de esa firma, después de varios años de hostigamiento y obstáculos gubernamentales a su operación y desarrollo. El mensaje es pésimo para las perspectivas de negocios, al reforzarse la imagen de elevada incertidumbre jurídica del país.
De llevarse a cabo, esta transacción beneficiará principalmente a algunos políticos, pero no a la sociedad. Al final, ahuyentar la inversión redunda en un menor potencial de crecimiento en el nivel de vida de la población.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).