El Paquete Económico de 2024, recientemente enviado por el Ejecutivo al Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación, presenta varios inconvenientes, entre los que destacan tres.
En primer lugar, el programa plantea un significativo relajamiento fiscal. Respecto al cierre de 2023, se proyecta que, en términos reales, el gasto neto total aumente 7.8 por ciento, mientras que los ingresos presupuestarios lo hagan únicamente en 0.8 por ciento.
Como consecuencia, las diferentes medidas de balance público para 2024 muestran un notable deterioro. Como proporción del PIB, el déficit presupuestario ascendería a 4.9 por ciento. Este desequilibrio es extraordinario no sólo porque se ubicaría 1.6 puntos porcentuales por encima del calculado para 2023, sino, principalmente, porque resultaría el más cuantioso en 36 años.
En el mayor desajuste fiscal, resaltan dos peculiaridades. Por una parte, el balance público, sin incluir inversión, sería negativo en 1.7 por ciento del PIB, lo cual contravendría las disposiciones constitucionales que restringen los empréstitos al financiamiento de la inversión.
Por otra parte, se planea un balance presupuestario primario, definido como la diferencia entre ingresos y gasto, excluyendo el costo financiero, de -1.2 por ciento del PIB, el menor saldo desde 1982. Esto implicaría que el sector público debe incrementar su endeudamiento no sólo para financiar el servicio de la deuda sino parte de sus operaciones.
Finalmente, al incluir los compromisos extrapresupuestarios, el déficit total del sector público (RFSP) ascendería a 5.4 por ciento del PIB, el más elevado desde 2000, cuando se inició el cálculo de este balance.
El relajamiento descrito luce imprudente. En lugar del papel tradicional de la política fiscal de contribuir a la atenuación de los ciclos económicos, la expansión propuesta tendría un efecto desestabilizador, ya que ocurriría en un contexto en el que la economía mexicana se encuentra en franca expansión, particularmente desde el cuarto trimestre de 2021, cuando se aceleró la recuperación posterior a la crisis del Covid-19.
Otra implicación, tal vez más grave, estriba en que, al impulsar la demanda agregada, el estímulo fiscal debilitaría los esfuerzos del Banco de México por controlar la inflación, lo que probablemente requeriría una mayor prolongación o, incluso, una profundización del apretamiento monetario.
En segundo lugar, el Presupuesto de 2024 tiende a agrandar las deficiencias que han caracterizado los ejercicios anteriores. Específicamente, las erogaciones proyectadas se reorientan hacia el gasto corriente de subsidios, el cual aumentaría 12.2 por ciento, en términos reales, respecto al aprobado para 2023.
La lista de usos la encabeza la Pensión para Adultos Mayores, que contempla un incremento de 25 por ciento por persona beneficiada, y la integran otros programas, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, los cuales tienen en común el ahondamiento de la dependencia poblacional de recursos gubernamentales de manera indefinida.
Asimismo, el Presupuesto propone “rescatar”, una vez más, a Pemex, mediante la transferencia de un monto importante de recursos y la disminución del Derecho de Utilidad Compartida (DUC), con el fin de que la petrolera estatal, caracterizada por la insolvencia crónica y la falta de un convincente plan de reestructura y de negocios, pueda hacer frente a sus compromisos de deuda de corto plazo.
Además, gran parte de la nueva “inversión” se orientaría a los proyectos preferidos del gobierno, como la construcción de la Refinería Dos Bocas y del Tren Maya. Estos y otros proyectos carecen de una clara justificación económica y social, por lo que podrían interpretarse, mayormente, como un caso más de desperdicio de recursos.
Al igual que en años previos, el incremento de subsidios y proyectos convive con el descuido de las funciones básicas del Estado como la seguridad y la provisión adecuada de otros servicios públicos.
Dentro de estos últimos, el caso más evidente se refiere a la salud. En un ambiente de insuficiencia de medicamentos, equipo médico e infraestructura hospitalaria, el Presupuesto contempla una reducción real en la Secretaría de Salud de 55.8 por ciento respecto al aprobado para 2023. Si se añade el plan del IMSS-Bienestar, entidad que sustituyó al fracasado Insabi, el monto en salud aumentaría sólo ligeramente.
En tercer lugar, resulta endeble el supuesto gubernamental de que el incremento de egresos sería “transitorio”. Si algo enseña la evidencia internacional es que las erogaciones públicas, especialmente las que crean “derechos”, son virtualmente imposibles de revertir. La presumible “inevitabilidad” de una reforma fiscal, tan comentada por los analistas, no surge de la nada, sino de las decisiones irresponsables del gobierno que desencadenan crecientes compromisos en el futuro.
Manuel Sánchez González es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)