El viernes pasado, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó incrementar 20.0 por ciento el salario mínimo general y el de la zona libre de la frontera norte, así como los salarios mínimos profesionales.
Este es el noveno año en que la Conasami decide aumentar los salarios mínimos muy por encima de la inflación, con el propósito de recuperar la pérdida histórica del poder adquisitivo de tales remuneraciones y, presumiblemente, beneficiar a los trabajadores. Hasta ahora, la ganancia salarial ha sido significativa. Específicamente, en octubre de 2023, el valor real del salario mínimo general alcanzó el doble del observado en el mismo mes de 2015.
La Conasami es un organismo cuyo consejo está integrado por el gobierno, los sindicatos y las empresas. Al parecer, sus decisiones han estado inspiradas en la percepción de que los mayores salarios mínimos producen sólo beneficios. Este diagnóstico desafía el principio económico de que difícilmente existen cosas gratis. Tarde o temprano, se manifiestan los costos. Si el bienestar social dependiera de decretar salarios, no existirían pobres, ni naciones subdesarrolladas.
La experiencia internacional corrobora que los salarios mínimos, por arriba de los reflejados en el mercado, si se aplican, tienden a generar excedentes de mano de obra, que no pueden contratarse, porque su productividad es inferior al salario mínimo. Desde luego, existe la posibilidad de incumplir las disposiciones, manteniéndose o migrando a la informalidad.
Así, los salarios mínimos acaban perjudicado a las personas a las que supuestamente se busca favorecer. Quedan fuera de los empleos formales los individuos con menos experiencia, educación y habilidades, los cuales tienden a ser los de menores ingresos.
México se encuentra en una fase de expansión económica, con niveles mínimos históricos de desocupación. Sin embargo, existe evidencia de que la proporción de los deciles más bajos de ingreso dentro de la informalidad ha aumentado. Más aún, teniendo en cuenta el crecimiento acumulado de los salarios mínimos y la desaceleración que tarde o temprano ocurrirá, existe el riesgo de que el empleo se reduzca desproporcionadamente más para los trabajadores de bajos ingresos que para el resto de la población.
Además, aunque con la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) disminuyó la indización de las tarifas públicas al salario mínimo, los incrementos de éste se han incorporado y han influido en los crecientes aumentos de los salarios en general, los cuales han alcanzado dos dígitos.
En condiciones normales, difícilmente los salarios determinarían la inflación, ya que generalmente éstos evolucionan con rezago respecto al crecimiento del nivel general de los precios. Sin embargo, en México, es posible que el activismo de la política pública salarial esté influyendo en la inflación.
En particular, la rigidez a la baja de la inflación de servicios podría estar obedeciendo, en parte, a las presiones de precios provenientes del creciente costo de la mano de obra, que constituye el insumo más importante de ese sector. Además, es posible que el ascenso de las variaciones salariales esté contribuyendo a la creciente divergencia de las expectativas de inflación de diferentes plazos, extraídas de instrumentos de mercado, respecto al objetivo de inflación de 3.0 por ciento del Banco de México.
Asimismo, y en complemento con lo anterior, la política salarial ha impulsado el alto dinamismo del consumo en el corto plazo, pero a cambio de prolongar las presiones inflacionarias, lo cual podría contrarrestar cualquier beneficio del auge de gasto. La perpetuación de inflaciones elevadas daña a la población, especialmente a la más pobre.
Finalmente, contrario a lo predicado por sus defensores, los salarios mínimos son una herramienta inferior para reducir la pobreza. Por una parte, el mencionado sesgo distribucional adverso en el empleo contra los estratos de ingreso más bajo y el eventual costo en términos de desempleo contradicen ese objetivo. Por otra parte, las transferencias monetarias dirigidas a la población más pobre, especialmente si se combinan con incentivos para la educación, son un medio superior de combate a la pobreza.
Ante estos inconvenientes ¿por qué la Conasami ha incrementado tan acelerada y cuantiosamente los salarios mínimos? Una posible explicación consiste en que la actual administración prefiere los beneficios de corto plazo, dejando el agravamiento de los costos a la siguiente administración. Una razón adicional podría residir en que los sindicatos y las empresas de este órgano representan a empleados que, en su mayoría, perciben salarios superiores al mínimo. Aumentar este piso les permite reducir la competencia de las empresas medianas y pequeñas y trabajadores nuevos, apoyando, de esta manera, sus intereses.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)