A treinta años de su ocurrencia, conviene hacer un recuento de la crisis del peso de 1994, cuyas repercusiones fueron devastadoras.
Ante la inflación que había alcanzado tres dígitos, en diciembre de 1987, el país inició una estrategia de ‘pactos’ entre empresarios, sindicatos y gobierno, orientada a contener directamente el aumento de los precios. En estos acuerdos, jugó un papel preponderante la administración del tipo de cambio del dólar en términos de pesos por parte del Banco de México (Banxico), el cual inicialmente se mantuvo fijo y, desde noviembre de 1991, fluctuó dentro de una banda, con un piso constante y un techo que se incrementaba de acuerdo con un ‘desliz’ diario preanunciado.
La debacle financiera de finales de 1994 fue resultado de tres grandes debilidades. En primer lugar, la banda de flotación cambiaria era inherentemente vulnerable a ataques especulativos, derivados de cualquier cambio de percepción de los mercados, por razones internas o externas, sobre su sostenibilidad.
El optimismo por la modernización económica de México contribuyó a impulsar crecientes entradas de capital durante 1990-1993, gran parte de las cuales consistió en inversión extranjera de cartera. La abundancia de recursos externos tuvo como contrapartida déficits crecientes de la cuenta corriente de la balanza de pagos, los cuales alcanzaron en promedio 7.0 por ciento del PIB durante 1992-1994.
Naturalmente, la continuidad de los flujos masivos del exterior no estaba garantizada. Durante 1994, los disturbios políticos y la perspectiva del cambio de administración incrementaron las dudas del público sobre el futuro económico de México. Ello se vio reflejado en una drástica salida de capitales y presiones sobre el tipo de cambio, que requirieron intervenciones significativas, las cuales llevaron, en diciembre, al agotamiento de las reservas internacionales.
En segundo lugar, la crisis fue facilitada por la incongruencia de la política monetaria y fiscal con el régimen cambiario. Por una parte, es bien sabido que la coexistencia de la apertura de capitales, el tipo de cambio administrado y la política monetaria independiente resulta una ‘trinidad imposible’. Una de las tres condiciones debe ceder.
Desde los años ochenta, México eliminó los obstáculos al libre flujo de capitales y, durante los pactos, además de defender la banda cambiaria, el Banxico implementó una política basada en metas para la ‘base monetaria’, es decir, la suma de circulante en manos del público y depósitos de los bancos en el Banco Central. La contracción de la cuenta de capitales durante 1994 reflejó una caída de la demanda del público por pesos. En lugar de aceptar la contracción monetaria, la política descrita implicó el aumento del crédito interno ante la caída de las reservas internacionales.
Por otra parte, con la provisión de liquidez del Banxico y el manejo de la deuda pública se buscó acotar el alza de las tasas de interés. Desde abril de 1994, el gobierno promovió la sustitución de Cetes por Tesobonos, que eran instrumentos de corto plazo denominados en dólares, liquidables en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento.
Su cobertura cambiaria hacía que los Tesobonos pagaran una tasa de interés más baja que los Cetes. Sin embargo, en la práctica, los inversionistas interpretaron esos instrumentos como activos en dólares. En medio de la crisis, para evitar el impago, el gobierno pidió ayuda al Tesoro de Estados Unidos y a los organismos internacionales, que se concretó en un paquete de apoyo, otorgado en enero de 1995, por cerca de 50 mil millones de dólares.
Además, durante 1994, el gobierno federal relajó la política fiscal al aumentar los requerimientos financieros del sector público, mediante el incremento de los subsidios otorgados por la banca de desarrollo al sector privado.
En tercer lugar, el Banxico y el gobierno federal subestimaron los riesgos de los desbalances financieros. Entre otros, los razonamientos compartidos incluyeron: la justificación del déficit de la cuenta corriente como reflejo del superávit de capitales; la defensa de las tasas de interés bajas para evitar el ‘nerviosismo’ y el daño al sistema bancario; la justificación del tipo de cambio con base en el auge de las exportaciones; la interpretación de que las reservas internacionales eran ‘altas’ y la conveniencia de restringir su divulgación.
Hay muchas cosas que han mejorado desde entonces. Tal vez la más importante sea el régimen cambiario libre, que tiende a inhibir la acumulación de desequilibrios financieros. Sin embargo, como en 1994, la negación de los errores y la limitación de la información por parte del gobierno, en esta u otras materias, se mantienen como opciones peligrosas, que sólo magnificarían el costo de la corrección.