El presente mes de abril marca el trigésimo aniversario del inicio de la autonomía del Banco de México (Banxico). La reforma constitucional de 1993 estableció tres mandatos para este banco central: autonomía en el ejercicio de sus funciones y su administración; estabilidad del poder adquisitivo de la moneda como objetivo prioritario; y prohibición de que alguna autoridad le ordene conceder financiamiento.
A su vez, la Ley del Banco de México del mismo año estipuló, entre otros aspectos, que el Banxico sólo puede dar crédito al gobierno federal mediante el ejercicio de la cuenta corriente de la Tesorería y que la entrada en vigor de la ley sería el 1 de abril de 1994.
Estos cambios otorgaron al Banxico la posibilidad jurídica de funcionar con independencia de intereses políticos, que en el pasado influyeron en su operación y condujeron a debacles financieras.
De 1971 a 1982, periodo conocido como de ‘desarrollo compartido’, el gobierno aplicó una expansión significativa de su gasto. La laxitud fiscal conllevó elevados déficits, que fueron financiados con el ‘señoreaje’ del Banco de México, definido éste como la capacidad del banco central de generar ingreso por emitir dinero, y con la deuda externa.
El desequilibrio fiscal y la monetización del déficit público incrementaron la inflación anual, la cual alcanzó dos dígitos a partir de mediados de 1973, y aflojaron las bases de los regímenes de tipo de cambio predeterminando de esos años.
El creciente endeudamiento y varios choques externos provocaron las crisis de balanza de pagos y las devaluaciones abruptas del peso, ocurridas en 1976 y 1982, con las que se agudizó la inflación anual, la cual subió a tres dígitos durante la primera mitad de 1983.
El cierre de los mercados de capital y la prolongada negociación de la deuda externa llevaron al Banxico, durante gran parte de los años ochenta, a aplicar una política de deslizamiento continuo del peso frente al dólar estadounidense. A pesar de la corrección de las finanzas públicas, el sistemático debilitamiento monetario hizo que la inflación volviera a ser de tres dígitos.
Para enfrentar la inflación, que registró un máximo de casi 180.0 por ciento en febrero de 1988, el gobierno implementó un plan ‘heterodoxo’, consistente en la fijación de precios, salarios y tipo de cambio, mediante ‘pactos’ con el sector privado y los sindicatos.
En 1994, diversas perturbaciones políticas y la estrategia gubernamental de emitir títulos de deuda de corto plazo, redimibles en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento, llamados Tesobonos, originaron ataques especulativos contra el peso. En el año de inicio de su autonomía, el Banxico respondió a estas presiones manteniendo relativamente bajas las tasas de interés y agotando las reservas internacionales, con lo que se precipitaron la devaluación y el abandono del régimen cambiario.
Los episodios descritos ilustran lo que en economía se denomina ‘dominancia fiscal’, referida a situaciones en las que el banco central se ve obligado a acomodar su postura a las condiciones fiscales. La legislación de 1993 implicó la posibilidad de un cambio hacia la ‘dominancia monetaria’, es decir, la independencia de la política monetaria respecto a las necesidades fiscales.
Pero como lo confirma la crisis de 1994, más importante que la autonomía de jure del banco central, resulta su autonomía de facto. Incluso, en situaciones especiales, la segunda puede darse sin la primera.
Por ejemplo, de 1954 a 1970, periodo conocido como de ‘desarrollo estabilizador’, sin autonomía jurídica, con un tipo de cambio fijo y una política monetaria congruente con los flujos del exterior, el Banxico pudo llevar la inflación a los niveles de Estados Unidos. La autonomía de facto requirió la cooperación de la política fiscal, que se basó en mínimos déficits, financiados con el ahorro interno.
A partir de la crisis de 1994, el Banxico fue gradualmente demostrando el ejercicio de su autonomía. Sin duda, en un marco de flexibilidad cambiaria, la aplicación más clara ocurrió mediante la adopción formal del esquema de objetivos de inflación en 2001, con el que la inflación anual se redujo cinco puntos porcentuales en tres años, para ubicarse en 4.0 por ciento a finales de 2003.
A pesar de estos avances, el Banxico enfrenta desafíos. Tal vez el más importante resida en fortalecer la credibilidad de su compromiso con la estabilidad de los precios. Aunque desde 2003 la meta de inflación ha sido 3.0 por ciento, salvo durante escasos períodos, la inflación y sus expectativas han permanecido por arriba de la meta. La autonomía requiere que el Banxico se enfoque, con los hechos, en el objetivo prioritario y no ceda a otras consideraciones, sobre todo, actualmente en que la política fiscal va en el sentido opuesto.