Dos hechos han caracterizado la evolución de la inflación anual en México, medida con el INPC, desde su pico postpandemia de 8.7 por ciento, registrado en agosto y septiembre de 2022.
Primero, la desinflación duró trece meses, con un dato mínimo elevado de 4.3 por ciento. El descenso fue de mala calidad, ya que no incluyó la inflación subyacente de servicios, la cual se ha mantenido rígida por dos años, en torno a un promedio de 5.3 por ciento, a pesar de la restricción monetaria del Banco de México (Banxico).
La desinflación se sustentó en la menor inflación no subyacente, cuya trayectoria histórica ha experimentado amplios y largos ciclos; y en la atenuación de la inflación subyacente de mercancías, reflejo de la normalización de las cadenas globales de suministro, así como de la apreciación del peso frente al dólar, único canal claro de transmisión de la política monetaria restrictiva del Banxico.
Segundo, durante los nueve meses más recientes, no ha habido desinflación, sino un aumento de inflación, la cual alcanzó 5.6 por ciento en la primera quincena de julio de 2024. El ascenso inflacionario reflejó una corrección al alza de la inflación no subyacente, esperable a la luz del patrón cíclico mencionado, la cual estuvo, en parte, contendida por la política de precios administrados de los energéticos.
Los dos hechos anteriores revelan que la desinflación fue frágil y de corta duración; y que, lejos de apuntar al objetivo de 3.0 por ciento del Banxico, últimamente, la inflación ha ido divergiendo cada vez más de éste.
El Banxico y muchos analistas han buscado contrarrestar la segunda observación argumentando que la inflación subyacente ha exhibido una tendencia declinante durante año y medio. Añaden que ésta, al marcar presumiblemente la senda de largo plazo de la inflación general, la apuntala hacia el objetivo.
Sin embargo, hasta ahora, la inflación general ha ido al revés de cualquier trayectoria hacia el objetivo. Además, en el largo plazo, la inflación general no ha tendido a la subyacente, sino que, en promedio, se ha mantenido alrededor de medio punto porcentual por arriba de ésta.
Por lo tanto, para que apoyara una tendencia creíble de la inflación general al objetivo, la inflación subyacente debería encontrarse encaminada, de forma sostenible, hacia 2.5 por ciento, lo cual luce muy lejano. En la primera quincena de julio, la inflación subyacente se ubicó un punto y medio porcentual por arriba de esta referencia.
Hacia el futuro, parecen predominar los riesgos al alza de la inflación. Considerando la historia, no puede descartarse que la fase alcista de la inflación no subyacente se acentúe y alargue, lo cual dificultaría la baja de la general.
Aparte del posible contagio rezagado de la no subyacente a la subyacente, debe tenerse en cuenta que se ha desvanecido prácticamente el ‘choque de oferta’ asociado a la aludida disrupción de las cadenas globales de suministro. Estos dos elementos podrían contribuir a explicar por qué las bajas recientes de la inflación subyacente han ido disminuyendo y podrían incluso revertirse.
Más crucial resulta el hecho de que la Junta de Gobierno (JG) del Banxico parece lista para retomar el ciclo de recortes de la tasa de interés de referencia tan pronto como en agosto, iniciado en marzo pasado. Entre otras señales, esta disposición se ha reflejado en la aparente impaciencia mostrada por algunos miembros de la JG para recortar este instrumento desde 2023.
Además, según la minuta de la reunión de política monetaria de junio de 2024, cuatro de los cinco miembros se enfocaron a discutir principalmente las condiciones para continuar el aflojamiento, en aparente desatención de la tendencia alcista de la inflación. La excepción fue la subgobernadora Irene Espinosa, quien señaló “el riesgo de que la restricción monetaria sea insuficiente para lograr dicha convergencia (al objetivo)” en caso de reducirse la tasa de referencia.
El relajamiento monetario y la incertidumbre creada por la anunciada reforma al Poder Judicial podrían agudizar la tendencia de debilitamiento del peso frente al dólar, empezada a partir de los resultados electorales de junio pasado. Si la apreciación del peso apoyó la desinflación, la depreciación ejercería un efecto opuesto.
Tal vez más importantes sean los riesgos inflacionarios de largo plazo. Entre estos destacan: la indisciplina fiscal prevaleciente que, ante la dificultad de corrección futura, podría representar un escollo prolongado a la estabilidad de los precios; y la probable reforma constitucional en materia de remuneraciones, con la que la revisión de los salarios mínimos “nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia”, la cual, entre otros impactos, incrementará la existente inercia inflacionaria, sobre todo de servicios.