Las políticas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generaron resultados contrarios al progreso económico y social de México, como lo ilustran los siguientes indicadores.
En primer lugar, la economía mexicana ha exhibido un dinamismo raquítico. Con base en la información disponible, es posible estimar que, durante 2019-2024, el PIB de México habrá aumentado a una tasa promedio anual de aproximadamente 0.8 por ciento.
Este crecimiento resulta decepcionante, por lo menos, desde dos ángulos: es inferior al de los cinco sexenios previos, y equivale a una tercera parte de la expansión económica de Estados Unidos, así como a menos de la cuarta parte de la correspondiente a las “economías de mercados emergentes y en desarrollo”, según la clasificación del Fondo Monetario Internacional.
En estos seis años, el aumento del PIB ha sido menor al de la población, por lo que se ha contraído el PIB por habitante y, con ello, limitado, en promedio, los estándares de bienestar de la población.
En segundo lugar, con frecuencia se menciona la reducción de la pobreza como éxito de la administración saliente. Sin embargo, esta observación pasa por alto que se refiere a la tasa de “pobreza laboral”, la cual disminuyó mayormente por el insostenible incremento del salario mínimo. Esta medida contribuye a explicar la persistencia de la elevada inflación de servicios y, junto con otras restricciones al mercado laboral, el menor aumento de los empleos formales, en comparación con las dos administraciones previas. Más crucial, la tasa de “pobreza extrema”, referida a las necesidades alimenticias, no se redujo.
En tercer lugar, prevaleció el descuido generalizado de las funciones básicas del gobierno e, incluso, en algunas de ellas se registró un esfuerzo gubernamental por degradarlas.
Tal vez no exista una tarea más esencial de un gobierno que velar por la seguridad física de los ciudadanos. En este encargo, la administración de AMLO mostró graves deficiencias. Por ejemplo, aunque disminuyó la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, el sexenio que acaba de concluir fue el más violento de la historia moderna del país, considerando el número absoluto de estas desgracias. Además, aumentó considerablemente la extensión territorial donde el Estado ha renunciado a ser el garante de la seguridad, para ceder esta responsabilidad al crimen organizado.
El gobierno saliente orientó gran parte de sus esfuerzos a atacar a las instituciones encargadas del cumplimiento del Estado de derecho, incluidos el Poder Judicial y los órganos autónomos. Igualmente, impulsó iniciativas legislativas en materia energética en contravención de la Constitución y no sancionó escándalos notorios de corrupción de su propia administración.
El cuidado gubernamental de la salud pública fue, por decir lo menos, precario. El aspecto más reprobable fue el manejo de la pandemia del Covid-19, en el que el gobierno desestimó los riesgos y administró inadecuadamente las vacunas y la atención médica, lo cual resultó en un elevado número de muertes evitables.
Asimismo, la administración dejó varias decenas de millones de personas sin acceso a los servicios de salud, al sustituir el Seguro Popular por un programa fallido, el cual posteriormente se remplazó. Concomitantemente, se ahondaron las limitaciones en el abasto de medicamentos por parte de los institutos públicos. Lo anterior implicó un extraordinario incremento del gasto de los hogares en salud.
En materia educativa, los resultados no lucieron mejor. Las coberturas de la educación inicial, básica y media superior se redujeron y empeoró la evaluación de la prueba PISA en 2022 respecto a la de 2018. Este desempeño reflejó, entre otros factores, el cierre de las escuelas durante la pandemia, más prolongado que en otros países, la reducción del entrenamiento de los maestros, y el deterioro de los materiales educativos, a favor de la ideología.
Finalmente, la conducción financiera del gobierno se caracterizó por un creciente desequilibrio fiscal, el descuido de la infraestructura física, la orientación del gasto a proyectos improductivos y a las transferencias a grupos de interés, así como el favoritismo mediante asignaciones directas de obras. Este sexenio fue el primero de este siglo en el que las tres grandes calificadoras de valores castigaron la evaluación crediticia de la deuda soberana.
Quizá el mayor daño de la administración saliente fue el infligido a la democracia y la división de poderes, mediante la captura de los órganos electorales y, más importante, la aprobación de la reforma del Poder Judicial. La mayor incertidumbre jurídica representa una seria amenaza adicional a la prosperidad económica y social de México.