La semana pasada concluyó el proceso del Congreso de la Unión para aprobar la Ley Federal de Austeridad Republicana.

En este ordenamiento, la austeridad se interpreta como una guía del servicio público que permite administrar los recursos con eficiencia y honradez y, de esta manera, generar ahorros para la satisfacción de necesidades "generales". Los beneficios esperados incluyen el combate a la desigualdad social y a la corrupción.

Sin duda, la nueva ley contiene algunas disposiciones que, en principio, podrían contribuir al ejercicio frugal y transparente de la función gubernamental.

Por ejemplo, las normas estipulan cierto adelgazamiento de la estructura burocrática del sector público, mediante la limitación de plazas prescindibles, como choferes, secretarios particulares y direcciones generales adjuntas.

Además, se prohíbe la compra o el arrendamiento de vehículos de lujo para el transporte de empleados, así como la utilización de vehículos oficiales para propósitos diferentes al cumplimiento de las funciones de la administración pública.

Se establece que los vehículos aéreos sean destinados a las actividades especificadas en ese estatuto, lo que excluye el uso para beneficio personal. Esta disposición busca interrumpir las prácticas de evidente dispendio del pasado.

Asimismo, se impide la constitución de fideicomisos y arreglos análogos con recursos públicos en ciertas áreas enunciadas en la ley. Sólo la SHCP puede crear esos instrumentos y los recursos aportados no contarán con la protección del secreto fiduciario para su fiscalización.

Finalmente, se prohíbe que los funcionarios reciban, con motivo de su empleo, cualquier regalo que los favorezca personal o familiarmente. Tampoco se permite que influyan en la contratación de individuos con lazos de parentesco, afinidad o vínculo.

No obstante, la nueva ley también incorpora algunas disposiciones que pueden generar efectos adversos considerables. Estas pueden clasificarse en dos grupos.

El primero se deriva del objetivo central de obtener ahorros. Si bien la ley establece que las medidas de austeridad deben enfocarse en el gasto corriente "no prioritario", existe un elevado riesgo de que se descuiden aspectos esenciales para el servicio público.

Esta eventualidad se ilustra con la restricción explícita de que las erogaciones en mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones y bienes informáticos, entre otros, no podrán exceder los montos desembolsados en el ejercicio anterior, una vez considerados los incrementos de tarifas o la inflación.

La gravedad potencial de esa disposición es evidente si se tiene en cuenta que la austeridad puede fácilmente derivar en una tendencia de subejercicio de gasto, lo cual podría conducir a un deterioro notable de la infraestructura física de las dependencias gubernamentales.

Adicionalmente, las normas establecen que el destino de los recursos ahorrados en el ámbito del Poder Ejecutivo puede determinarse mediante decreto presidencial. Además de representar una reducción de la división de poderes, esta facultad puede conducir a incrementar discrecionalmente el gasto en proyectos de ganancia política, con una baja rentabilidad social.

El segundo conjunto de normas adversas consiste en las restricciones impuestas a los empleados gubernamentales. Con mucho, la disposición más controversial consiste en la prohibición para los funcionarios de mando superior que se separen de su cargo, de ocupar puestos en empresas que hayan regulado, supervisado o de las que hayan obtenido información privilegiada, por un periodo de diez años.

Los cambios entre ocupaciones del sector público y privado son comunes en cualquier economía. Los beneficios de estos movimientos laborales incluyen el aprovechamiento de la experiencia y la especialización. El principal riesgo es el conflicto de interés, el cual puede ocurrir en los flujos de ambas direcciones.

Las políticas utilizadas para mitigar este peligro varían entre países. Para la salida del sector público, el método más socorrido es un periodo de "enfriamiento", el cual suele ubicarse entre uno y tres años. El caso de México es un extremo que puede limitar considerablemente el interés de profesionistas bien capacitados para trabajar en el gobierno.

Los posibles efectos benéficos de la nueva ley pueden fácilmente ser superados por los peligros asociados a la tendencia de ahorro y su utilización discrecional, así como la posible merma sustancial en el nivel de capital humano en el sector público. Paradójicamente, estos impactos podrían ampliar, no reducir, los incentivos para la corrupción.