Razones y Proporciones

El menor crecimiento económico potencial

El gobierno ha vulnerado las condiciones que hacen atractiva la inversión privada en México. La consecuencia más probable es la reducción del crecimiento económico potencial.

El PIB potencial es un concepto de los economistas para denotar la capacidad que tiene un país de producir bienes y servicios durante un periodo determinado en un ambiente de estabilidad de precios.

Esta noción es útil, entre otras razones, porque refleja las posibilidades de la sociedad para alcanzar un estándar de vida superior, por lo que conviene entender sus determinantes.

No existe una lista única, ni mucho menos exhaustiva, de los elementos que podrían aumentar el PIB potencial. Sin embargo, la investigación internacional ha identificado ciertos factores básicos, relacionados con el marco institucional y de políticas públicas, los cuales afectan las decisiones de los particulares.

En concreto, el PIB potencial se favorece con el respeto a las leyes y la protección de los derechos de propiedad; la libertad para invertir en cualquier sector; la competencia; la ausencia de distorsiones en los mercados de bienes y servicios; un sistema tributario simple y general que no desaliente el emprendimiento y el esfuerzo laboral, y un gasto gubernamental dedicado a la provisión de bienes públicos.

En este entorno, el PIB potencial puede crecer a lo largo del tiempo como resultado del incremento del trabajo y la inversión, así como de la eficiencia con la que se usan estos factores productivos.

El PIB potencial no es observable, por lo que es imposible conocerlo con certeza. En la práctica, esta variable se estima mediante métodos estadísticos basados en la tendencia histórica del PIB. La tasa media de variación anual de esa trayectoria suele llamarse crecimiento económico potencial.

Para el caso de México, el promedio de las estimaciones de crecimiento potencial desde 1990 ha ido disminuyendo, desde tasas por arriba de tres por ciento, al principio, hasta dos por ciento, en años recientes.

El dinamismo declinante del PIB potencial parecería reflejar rendimientos decrecientes de los factores productivos, ya que la productividad ha permanecido estancada. Por desgracia, las acciones del actual gobierno han adicionado un deterioro institucional y de políticas públicas, que obscurece aún más las perspectivas de progreso.

Primero, se han revertido algunos cambios estructurales promisorios. Específicamente, se abrogó la reforma educativa para volver a privilegiar a los sindicatos en lugar de a los alumnos. También se interrumpió la reforma energética, incluyendo la suspensión de nuevas subastas para la producción de petróleo y generación eléctrica a partir de fuentes alternativas. En su lugar, se busca fortalecer el poder de mercado de las empresas estatales, en detrimento de la competencia.

Segundo, ha aumentado la inseguridad jurídica. Con base en consultas populares sin sustento, se suspendió la construcción del NAIM y de una planta cervecera privada. Asimismo, se renegociaron las condiciones de los contratos de provisión de gasoductos y, en fechas recientes, se decidió suspender la entrada en operación de plantas de energía renovable y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas.

Tercero, la política de austeridad ha puesto en peligro el ejercicio de las funciones básicas del Estado. La cancelación del Seguro Popular, la centralización de las adquisiciones y la búsqueda de 'ahorros' han resultado en menor cobertura de servicios, así como escasez de medicamentos y suministros en las instituciones de salud públicas.

Además, se ha atacado a las instituciones autónomas arguyendo un supuesto excesivo costo operativo, mientras que la reducción de sueldos, así como el impedimento para trabajar después del retiro en áreas de experiencia en el sector privado, han puesto en riesgo la calidad de capital humano en el gobierno.

Cuarto, se ha propiciado el desperdicio de recursos públicos. Se han mantenido como prioritarios proyectos con escasa rentabilidad social, como la construcción de una nueva refinería y el Tren Maya.

La cancelación de obras ha requerido la compensación y el pago de obligaciones sin beneficio alguno. Adicionalmente, se han sustituido los apoyos sociales condicionados por transferencias, cuyas reglas de operación son, en gran medida, desconocidas.

Quinto, se ha agravado la inseguridad pública, como lo reflejan los indicadores de homicidio y bloqueo de vías de comunicación, entre otros. El combate al robo de combustible fue altamente costoso para la sociedad y su efectividad ha sido dudosa.

En suma, el enfoque gubernamental ha vulnerado las condiciones que hacen atractiva la inversión privada en México. La consecuencia más probable es la reducción del crecimiento económico potencial significativamente por debajo de dos por ciento.

El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006) .

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