Desde el segundo trimestre de 2018, el PIB de México ha mostrado una tendencia decreciente, reflejada en variaciones trimestrales, ajustadas por estacionalidad, persistentemente negativas o cercanas a cero, con un promedio de -2.1 por ciento hasta la primera mitad de 2020.
Con mucho, la inversión privada ha sido el componente de la demanda agregada que más se ha contraído, cuyo cambio trimestral, en el lapso referido, ha promediado -5.0 por ciento.
Llama la atención el prolongado decrecimiento del PIB y, en particular, de la inversión privada, a pesar de que Estados Unidos exhibió una evolución económica sólida, sólo interrumpida a partir de marzo pasado por el brote de la pandemia por el Covid-19.
A la caída de la inversión privada se ha sumado la continuación del descenso de la inversión pública observado desde la gran crisis financiera. El debilitamiento de la inversión total registrado desde 2018 ha sido generalizado, al afectar tanto la construcción residencial y no residencial, como a la adquisición de maquinaria y equipo, nacionales e importados.
La magnitud del desplome de la inversión se aprecia más cabalmente al examinar su proporción respecto al PIB. Por ejemplo, a partir de 2017, las razones de la inversión privada y de la inversión total han perdido tres y cuatro puntos porcentuales, respectivamente, para situarse en 16.2 y 18.8 por ciento durante la primera mitad de 2020.
El principal problema de la disminución de la inversión es que tiende a reducir el crecimiento económico potencial de largo plazo. Ello es así porque la ampliación de las estructuras físicas, así como la adquisición de máquinas y tecnología hacen más productivo al capital humano, a la vez que permiten la innovación y la incorporación de nuevos conocimientos en los procesos de producción.
El beneficio descrito es claro para la inversión privada, ya que ésta obedece generalmente a criterios de rentabilidad, así como la inversión pública cuando se trata de infraestructura útil. En la situación actual, la inversión resulta, en particular, deseable al no existir evidencia de que su reducción haya reflejado una corrección a un exceso de gasto de capital ocurrido en años previos. Históricamente, México ha registrado un coeficiente de inversión relativamente bajo en comparación internacional.
Ahora bien, ¿a qué se debe el debilitamiento reciente de la inversión privada? En la respuesta a este interrogante seguramente deben considerarse muchos factores. Sin embargo, cualesquiera que éstos sean, parecen configurar un ambiente inusualmente adverso a la inversión.
Tal indicio lo ofrece la frecuencia de la respuesta negativa a la pregunta de si la coyuntura actual es un buen momento para invertir, incluida en la encuesta mensual del Banco de México sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado.
El cambio en los últimos años es elocuente. Específicamente, de 2010 a mediados de 2016, la proporción de participantes que consideró que era un mal momento se mantuvo relativamente estable, en alrededor de sólo 11 por ciento. No obstante, a partir de esta última fecha empezó a subir alcanzando 70 y 76 por ciento en febrero de 2017 y diciembre de 2018, respectivamente. Además, desde 2018 ha promediado 62 por ciento.
Un análisis de esta evolución permite identificar dos factores evidentes detrás del pesimismo sobre el entorno de la inversión.
La primera consistió en el incremento de la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos, derivado de las críticas del presidente Trump al TLCAN, cuyo momento más álgido fue su toma de posesión a principios de 2017. Este factor se minimizó con la aprobación del TMEC como sustituto.
La segunda causa, que ha dominado desde 2018, ha sido el enfoque de política económica del actual gobierno de México, cuyas repercusiones empezaron a percibirse mucho antes del inicio de su gestión a finales de ese año.
En términos generales, esta administración se ha caracterizado por la imposición discrecional de obstáculos a la inversión privada y un discurso hostil a la iniciativa de los particulares. Sus acciones han incluido consultas populares de dudosa legalidad orientadas a cancelar proyectos de inversión en marcha, así como la suspensión, el cambio de reglas y los intentos de retroceso de la reforma energética, para consolidar la hegemonía de las empresas estatales.
A menos que el gobierno sustituya su enfoque por uno que favorezca la certidumbre y la confianza de los negocios, la inversión privada extenderá su declive. Ello prolongaría la contracción económica, con perjuicios severos, especialmente, sobre la población más pobre.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).