Existen, por lo menos, dos referencias para describir la evolución de las erogaciones gubernamentales en cualquier periodo. La primera y tal vez la más relevante para su evaluación, es el Presupuesto aprobado por los legisladores.
Desde esta óptica, durante enero-mayo de 2019, el gasto del sector público presupuestario se ubicó 6 por ciento por abajo del programa. Tal 'subejercicio' ocurrió tanto en el gasto primario, es decir aquel que excluye el costo financiero de la deuda, como en este último elemento.
La discrepancia provino mayormente de las erogaciones primarias, cuyo presupuesto representa casi diez veces el del costo financiero. El rezago fue virtualmente generalizado entre los grandes grupos de entidades administrativas.
El atraso de estos desembolsos podría reflejar, en parte, la búsqueda de mantener condiciones para cumplir con el compromiso de un superávit primario de 1.0 por ciento del PIB para 2019, orientado a contener el aumento de la deuda pública.
En efecto, durante los primeros cinco meses del año, los ingresos del sector público fueron 2.6 por ciento inferiores a los del plan. El faltante provino de los recursos petroleros, como resultado de una menor producción de crudo, el cual rebasó el excedente de los no petroleros.
Al ser las entradas de efectivo menores a las presupuestadas, es posible que el gobierno haya decidido frenar el avance de las salidas.
Además, según las explicaciones de la SHCP, la brecha absoluta del gasto respecto al presupuesto, mayor a la de los ingresos, podría reflejar la reconfiguración de programas sociales, así como los cambios en las políticas de adquisiciones.
Mientras que, en principio, estos últimos factores son transitorios, la meta del superávit primario implica que el acercamiento del gasto a su nivel presupuestado requiera el correspondiente acercamiento de los ingresos al plan. El prolongado desplome petrolero y la debilidad económica en curso suscitan dudas sobre esta posibilidad.
Una segunda referencia para el análisis de las erogaciones es la historia reciente. En esta línea, durante el periodo examinado, el gasto total fue, en términos reales, 5.1 por ciento menor al del igual lapso de 2018. La caída reflejó una contracción del gasto primario cuyo monto superó el aumento del costo financiero.
Casi todos los rubros de las erogaciones primarias se acortaron, destacando entre las excepciones los aumentos en el IMSS y el ISSSTE. Aparentemente, estos organismos incrementaron sus desembolsos, principalmente por concepto de pensiones y jubilaciones.
A diferencia de lo observado en las comparaciones con el Presupuesto, los ingresos totales exhibieron un crecimiento real anual de 0.7 por ciento, lo que incluyó una expansión de las fuentes no petroleras mayor al descenso de las petroleras.
Los criterios de análisis anteriores permiten evaluar dos críticas frecuentemente escuchadas sobre el ejercicio del gasto de la presente administración. La primera lamenta que el rezago respecto al programa responde a un objetivo 'neoliberal' de recortar erogaciones.
Si bien el adjetivo invocado carece de significado preciso, su utilización parece sugerir el propósito de disminuir el tamaño del Estado en la economía. No obstante, el Presupuesto para el presente año descarta esa posibilidad al contener características eminentemente inerciales respecto a ejercicios anteriores.
Específicamente, el programa para 2019 incorpora un egreso neto total de 23.3 por ciento del PIB, tres décimas por arriba del correspondiente a 2018. Aunque durante el presente año, la composición y las políticas de gasto han diferido del pasado y, en algunos casos, han causado serias fricciones sociales, la meta prevista no es contraccionista.
Un segundo señalamiento postula que la caída anual del gasto ha frenado la actividad económica. Si bien la disminución de las aplicaciones gubernamentales ha contribuido al menor vigor de la economía, su impacto ha sido relativamente menor.
Con mucho, el componente central de la desaceleración productiva, pronunciada desde 2017, ha sido el gasto privado, en especial, el consumo, el cual representa más de dos terceras partes del PIB.
En suma, la reducción del gasto público registrada durante el presente año parece reflejar la fragilidad de la situación financiera del gobierno y no una intención de compactar el tamaño del Estado. Además, es probable que su efecto adverso sobre la actividad económica haya sido superado por la incertidumbre acerca de las políticas públicas, tanto externas como internas, la cual parece estar detrás del debilitamiento del gasto de los particulares.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).