Para funcionar eficientemente, cualquier economía necesita contar con un sistema de reglas, las cuales, entre otros atributos, deben ser claras, estables y de aplicación general, incluyendo obviamente al gobierno.
Este conjunto de principios suele conocerse como "Imperio de la ley" o "Estado de derecho". Su observancia rige las interacciones sociales, impone límites al poder gubernamental, protege los derechos individuales frente a cualquier abuso, y garantiza un trato equitativo y justo para todas las personas.
La evidencia empírica confirma que el Imperio de la ley es indispensable para el desarrollo económico. De hecho, las economías más ricas son aquellas que exhiben los indicadores más elevados de respeto a ese régimen.
Ello es así porque la predictibilidad y ejecución de esas normas generan confianza para la realización de transacciones, lo que implica, entre otros aspectos, el cumplimiento de los contratos, la defensa de los derechos de propiedad y el combate a la delincuencia.
El entorno de certeza derivado del Estado de derecho promueve la eficiencia en la economía al permitir la canalización de recursos a los usos más productivos.
Por la misma razón, un débil o ausente Imperio de la ley genera incertidumbre, inhibe las decisiones económicas y propicia el desperdicio de recursos orientados, por ejemplo, a defender por vías alternas los derechos propios o, peor aún, procurar favores gubernamentales.
Un caso especialmente adverso ocurre cuando el gobierno cambia de disposiciones económicas sin regirse por el principio del Estado de derecho, por ejemplo, desconociendo compromisos adquiridos, introduciendo medidas arbitrarias o recurriendo a métodos ilegales.
La fata de claridad sobre el rumbo de las medidas gubernamentales es un fenómeno nocivo para el avance económico. Numerosos estudios estadísticos confirman la relación inversa que existe entre los índices de incertidumbre de política económica y la inversión, la producción y el empleo, tanto a nivel sectorial como agregado.
Pero además de dañina, tal inseguridad es innecesaria y, por lo tanto, en principio, evitable, al depender de las decisiones de las autoridades.
Desde 2017, la economía mexicana ha mostrado una tendencia virtualmente generalizada de desaceleración, la cual, entre otros componentes, ha incluido el debilitamiento del consumo privado, así como la contracción, casi continua, de la inversión.
El menor vigor productivo parece estar asociado a un aumento en la incertidumbre de la política económica. Si bien esta última variable no puede observarse directamente, algunos indicadores indirectos sugieren su ampliación reciente.
Por ejemplo, el índice de confianza del productor y, en especial, el componente que resume las respuestas empresariales a la pregunta sobre si el actual momento es adecuado para invertir registraron una caída substancial previa al período de referencia y se han mantenido relativamente deprimidos.
Además, la frecuencia de menciones en prensa, así como la volatilidad cambiaria han exhibido incrementos notables ante sorpresas que han amplificado la incertidumbre sobre la política económica, tanto afuera como adentro del país.
En el ámbito externo, el factor más perturbador ha resultado ser la elección del presidente Trump y su posición adversa hacia México. Entre otras determinaciones, las críticas al TLCAN, la postura proteccionista y las reiteradas amenazas arancelarias de ese mandatario han disminuido la certeza, que había proporcionado el Acuerdo trilateral, sobre las reglas de intercambio e inversión entre los socios comerciales.
En el ámbito interno, la transformación perseguida por la nueva administración en México ha traído aparejado un cambio de enfoque en las políticas públicas a favor de una mayor injerencia y discrecionalidad del gobierno en la economía.
La interrupción de grandes obras de infraestructura, como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, con base en consultas populares sin representatividad y fundamento jurídico claros; la cancelación o búsqueda de renegociación de contratos vigentes del Estado con empresas privadas nacionales y extranjeras; así como la suspensión de la reforma energética, entre otras medidas, parecen haber vulnerado la seguridad de los consumidores y los empresarios.
En contraste con las condiciones externas, sobre las cuales es difícil influir, México puede hacer mucho internamente para fortalecer la confianza en la economía. Solo con políticas económicas de apertura, basadas en el Imperio de la ley, el país puede acelerar su desarrollo e impulsar los niveles de bienestar.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)