El autor es exsubgobernador del Banco de México y del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006) .
Muchos países se encuentran en proceso de aplicar paquetes fiscales significativos con el fin de amortiguar los efectos económicos derivados de los esfuerzos por contener el contagio del Covid-19.
Un caso destacado lo constituye Estados Unidos, cuyo Congreso aprobó la semana pasada una iniciativa por un monto superior a diez por ciento del PIB de esa nación.
La nueva ley estadounidense contempla, entre otros rubros, mayor gasto en salud y ayuda a los gobiernos estatales y municipales; transferencias en efectivo a individuos basadas en el ingreso y en el número de hijos; ampliación de los beneficios por desempleo; préstamos a pequeños negocios, que pueden ser condonados parcialmente, y apoyos a industrias consideradas necesarias.
El incremento en el gasto público para contrarrestar una caída en la demanda agregada es conocido como política fiscal contracíclica, la cual se supone que opera mediante un efecto multiplicador sobre el gasto total.
La evidencia empírica internacional en esa materia no es concluyente y existen estudios, en particular para Estados Unidos, en los que el referido multiplicador resulta menor a uno, es decir, la política fiscal contracíclica no estimula la actividad económica.
Las razones que contribuyen a explicar el bajo impacto del gasto público en la economía podrían ser múltiples, incluyendo la ineficiencia y la baja rentabilidad de los proyectos gubernamentales y el costo de oportunidad de los recursos extraídos de los particulares para su financiamiento.
En la situación actual, las iniciativas fiscales, como la de Estados Unidos, diseñadas para enfrentar las secuelas de la pandemia deben interpretarse como medidas de emergencia orientadas, principalmente, a mantener el ingreso de las personas y evitar las quiebras empresariales, no para impulsar la economía.
Dentro del programa estadounidense, esta característica es evidente en la elevada proporción que representan los apoyos monetarios a individuos y negocios. La experiencia con los reembolsos fiscales aplicados en 2008 sugiere que, al percibirse como transitorios, tales traspasos podrían destinarse al ahorro y no al gasto.
Si bien los voluminosos paquetes fiscales buscan justificadamente reducir el costo social de una posible recesión derivada del Covid-19, no están libres de limitaciones. La más evidente es el incremento notable del déficit público y, por consiguiente, de la deuda gubernamental, la cual, tarde o temprano, debe solventarse con impuestos.
Además, al no generar incentivos para nuevos planes de negocio o inversión, las transferencias monetarias son un remedio temporal, cuya dependencia puede aumentar si se prolonga la crisis. Asimismo, la decisión de privilegiar ciertos segmentos poblacionales y empresariales es producto de una negociación política, lo que fácilmente puede cuestionarse en términos de equidad.
Aunque las iniciativas de ayuda monetaria pueden ser muy efectivas en el corto plazo, no son la única vía, ni necesariamente la mejor, para enfrentar una posible recesión. Por ejemplo, una mezcla de desregulación económica y compromiso de no incrementar los impuestos podría promover más el empleo y la inversión de forma sostenida que los rescates de empresas.
Las consideraciones anteriores podrían ser útiles para examinar con cuidado las propuestas de política fiscal contracíclica para el país, preparadas por diversos grupos como forma de enfrentar la crisis del coronavirus.
La característica común de las iniciativas es su enfoque en expandir el gasto y contraer los gravámenes a favor de ciertos sectores, los cuales, sin remedio, reflejan el juicio de valor de los autores.
Por lo general, se omite o relega a segundo plano el cálculo del costo fiscal de los programas, lo que, a su vez, lleva a ignorar las implicaciones de su financiamiento en términos de estabilidad macroeconómica ante el aumento de deuda o de crecimiento económico por la necesidad de más gravámenes en el futuro.
Al respecto, dos comentarios sobre México parecen inevitables. Primero, la presente administración ha cometido errores graves de política pública que han vulnerado la seguridad jurídica y restringido la actividad económica. Un cambio hacia un ambiente favorable para los negocios sería una estrategia fiscalmente atractiva que podría tener un alcance mayor a una política fiscal contracíclica.
Segundo, dada la restricción presupuestal del gobierno a lo largo del tiempo, es indispensable encauzar cualquier incremento del gasto a fortalecer el sistema de salud, lo cual respondería directamente al problema de origen, que es sanitario, y fortalecería las bases para la inversión amplia en capital humano.