El Plan de Negocios de Pemex, dado a conocer la semana pasada, revela una visión inadecuada sobre los factores del progreso económico y los problemas de esta empresa.
Como es costumbre, este documento expone las metas y estrategias de la compañía en un horizonte quinquenal. Por tratarse de la primera versión del nuevo gobierno, el Plan exhibe aspectos distintivos, entre los que sobresalen dos.
El primero se refiere a la visión sobre el papel de Pemex en la economía. El escrito plantea la esperanza de que la empresa funja como motor del desarrollo económico y que su fortalecimiento permita la autosuficiencia energética.
Aunque se elabora poco al respecto, el Plan parece abrazar la vieja idea de que el progreso puede fincarse en la explotación de un recurso natural que, por su trascendencia, debe recaer preponderantemente en el Estado.
Así lo sugiere la reticencia a aceptar la inversión privada en la empresa estatal, limitada a contratos de servicios. A cambio, el gobierno prefiere suministrarle cuantiosos recursos públicos, al parecer sin ponderar el costo de oportunidad social de los mismos.
Además, tal percepción se corrobora, entre otros aspectos, con el escepticismo gubernamental sobre los beneficios de la reforma energética y la cancelación de nuevas licitaciones para la participación privada en la industria petrolera. Asimismo, el programa valida la presunción infundada de que las importaciones son desfavorables para el país.
Sin embargo, la apuesta por una gran empresa petrolera como puntal del desarrollo no se sostiene en los datos. La prosperidad económica depende de un conjunto de factores institucionales, como el Estado de derecho, la seguridad pública y la ausencia de regulaciones excesivas, que conforman un ambiente favorable para los negocios.
En este entorno, el avance es dictado por la inventiva y la iniciativa de los particulares que buscan aprovechar las ventajas de la especialización en múltiples mercados de bienes y servicios abiertos a la competencia.
No es casualidad que las más grandes empresas petroleras estatales no estén ubicadas en los países de mayor desarrollo y que varias economías pobres en recursos naturales se encuentren entre las más ricas del mundo.
El segundo aspecto sobresaliente del Plan es la ausencia de soluciones creíbles para Pemex. Con mucho, el problema más profundo de la empresa es el prolongado declive de la producción de crudo, que constituye su actividad primordial.
Aunque se reconocen otros posibles elementos, la hipótesis oficial favorecida es que tal desempeño resulta de una inversión insuficiente, la cual, a su vez, refleja una restricción de liquidez.
En particular, se argumenta que los déficits financieros registrados por Pemex desde 2009 y la posterior aceleración de endeudamiento han provenido de su elevada carga impositiva. Por ello, se plantea la necesidad de un significativo apoyo gubernamental, en la forma de una disminución gradual de gravámenes y una inyección multianual de capital.
Este razonamiento es limitado, por lo menos, por tres razones. En primer lugar, no es claro que la declinación productiva refleje principalmente gastos de capital escasos. Por ejemplo, de 2004 a 2014, en términos reales, la inversión anual de Pemex fue en aumento hasta casi duplicarse, mientras que la producción de crudo descendió de 3.4 a 2.4 millones de barriles diarios.
En segundo lugar, la caída de la extracción petrolera refleja, en mayor grado, el agotamiento de yacimientos de alta productividad, como Cantarell, cuyo hallazgo, por cierto, dependió de factores fortuitos.
Ante la dificultad de encontrar depósitos similares, Pemex podría optar por explotar recursos no convencionales mediante la estimulación hidráulica o fracking, así como explorar en agua profundas mediante asociaciones estratégicas con petroleras que cuenten con alta tecnología y experiencia. Empero, ambas opciones, altamente promisorias, han sido descartadas, lo que restringe innecesariamente la capacidad de la empresa.
En tercer lugar, gran parte de las aportaciones gubernamentales de capital se destinará a la construcción de una nueva refinería. La desviación de estos recursos a un proyecto de dudosa rentabilidad debilita las perspectivas de producción petrolera.
El rescate anunciado en el Plan podría dar un alivio temporal a la situación financiera de Pemex, a costa de debilitar las finanzas públicas. Dado que continúan sin resolverse los problemas de fondo de la empresa, no puede descartarse una degradación adicional de su calificación crediticia con un posible contagio sobre la deuda soberana.