El viernes pasado, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en cincuenta puntos base el objetivo de su tasa de interés de política monetaria, para ubicarla en 6.50 por ciento.
Como lo han hecho recientemente otros bancos centrales, Banxico tomó esta determinación en una sesión extraordinaria, en lugar de la programada para seis días después, lo cual sugiere su carácter urgente.
En el comunicado, esta institución justificó la medida como respuesta a las afectaciones previstas derivadas de la pandemia del Covid-19, especialmente en la actividad económica y la inflación.
A pesar de partir de una postura monetaria 'restrictiva', según las estimaciones del propio instituto central, el ajuste en la tasa de interés de referencia fue de una tercera parte del acumulado por el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos en sus dos reuniones extraordinarias de marzo.
La aparente menor importancia concedida por la Junta de Gobierno a la postura monetaria relativa parece reflejar la percepción de una mayor incertidumbre sobre el balance de riesgos para la inflación y la posibilidad de que su convergencia hacia la meta sea más lenta a la prevista anteriormente.
Esta posición parece haber incorporado también el riesgo de un probable traspaso de la depreciación cambiaria a los precios. La decisión no fue unánime, ya que un miembro votó a favor de recortar la tasa de interés solamente en un cuarto de punto porcentual.
De forma semejante a las acciones de otros países, Banxico anunció medidas complementarias que buscan aumentar la liquidez para la banca y 'mejorar' el funcionamiento de los mercados financieros nacionales.
Destacan, entre estas, la disminución de los depósitos obligatorios que los bancos mantienen en el Banco de México; el menor costo de acceso a la facilidad de liquidez ordinaria de esta autoridad; y las subastas de crédito en dólares financiadas con el mecanismo temporal de intercambio de divisas que Banxico, al igual que otros bancos centrales, contrató con el Fed.
Estas acciones parecen conservadoras en comparación con las implantadas en las naciones desarrolladas y podrían tener un impacto modesto. Tal posición podría justificarse en términos de la prudencia para no distorsionar el mercado de crédito.
Ante los riesgos de una contracción económica y crediticia sin precedente derivada del Covid-19, no pueden descartarse apoyos adicionales. Obviamente, Banxico puede avanzar en el relajamiento monetario e implantar nuevas medidas en cualquier momento, las cuales debe sopesar.
Sin embargo, a diferencia de 2008-2009 cuando la debacle tuvo su origen en el colapso del sistema financiero y, por lo tanto, la política monetaria ejerció un papel preponderante de remedio, la actual crisis se deriva de un choque de salud pública, por lo que su combate debería centrarse en acciones de igual naturaleza, y no en la política monetaria.
En México, la forma en la que el gobierno federal parece estarse preparando a combatir esa epidemia ha mostrado deficiencias preocupantes. Por ejemplo, no es clara la existencia de una estrategia coherente en la materia y su comunicación al público ha generado escepticismo y desconcierto.
La administración ha manifestado su preferencia por recomendar medidas drásticas hasta que el contagio de la enfermedad avance notablemente. Ello contrasta con las recomendaciones internacionales de prevención oportuna, lo que ha llevado a gran parte de la sociedad a adoptar precauciones independientes de las guías gubernamentales.
Además, las estimaciones oficiales de la posible propagación de la enfermedad parecen optimistas a la luz de la experiencia mundial. Lo anterior se complica por las conocidas limitaciones del sistema de salud de México para atender una expansión acelerada del virus, lo que ha incluido la baja capacidad de hacer pruebas de infección, a pesar de que sean el requerimiento clave para dirigir la contención del contagio.
Estas y otras limitaciones ponen de manifiesto la necesidad impostergable de destinar recursos públicos substanciales a fortalecer la infraestructura de salud que permita enfrentar un eventual escenario agudo de pandemia.
El gobierno ha justificado su sosiego en función de no afectar innecesariamente la economía. Aunque en toda decisión pueden surgir tensiones entre alternativas, la elección gubernamental luce endeble.
El combate a una crisis avanzada puede tener un impacto económico superior al de su prevención. Además, la presunta intención de proteger la economía se desvanece ante las repetidas iniciativas de la administración para desalentar la inversión privada.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006) .