A finales de mayo pasado, el presidente Trump anunció su intención de imponer un arancel creciente a las exportaciones mexicanas si México no tomaba acciones para reducir el número de inmigrantes ilegales que llegan a Estados Unidos a través de su propio territorio.
Esa disposición contemplaba una tarifa de 5 por ciento a partir del lunes pasado, la cual se incrementaría cinco puntos porcentuales al inicio de cada uno de los siguientes cuatro meses, hasta alcanzar 25 por ciento desde el primero de octubre.
La amenaza a México es congruente con la probada tendencia del mandatario estadounidense de utilizar barreras al comercio para 'castigar' a países que, desde su óptica, se han aprovechado indebidamente de Estados Unidos.
Tal visión refleja un entendimiento erróneo del intercambio económico, según el cual los países son como grandes corporaciones en rivalidad, donde la ganancia de uno supone la pérdida de otro. En realidad, son las empresas y las personas, no las naciones, las que comercian y sólo lo hacen si ambas partes se benefician.
Para justificar la posible sanción, Trump reiteró sus viejos reclamos, entre los que destacan la migración como supuesta fuente de delincuencia y las ganancias monetarias de México a costa de Estados Unidos.
Desde su punto de vista, los aranceles servirían como mecanismo de presión ante la pasividad mexicana para frenar la migración ilegal, a la vez que incentivarían el regreso de los empleos y las empresas estadounidenses ubicadas en México.
Cabe señalar que las aprehensiones fronterizas de inmigrantes ilegales han disminuido desde principios de siglo, hasta alcanzar un mínimo de más de cuatro décadas en 2017. La cifra ha aumentado a partir del año siguiente y ha exhibido un repunte considerable de marzo a mayo de 2019.
Si bien las detenciones continúan por debajo de los máximos históricos, la composición ha cambiado. Los migrantes no provienen mayoritariamente de México, sino de otros países, entre los que sobresalen Guatemala, El Salvador y Honduras.
Además, en lugar de tratarse de personas solas, un elevado porcentaje corresponde a familias con niños. Los flujos migratorios han incluido caravanas que cruzan la frontera sur de México para buscar asilo en Estados Unidos.
El acuerdo alcanzado por Estado Unidos y México el viernes pasado tiene la virtud de haber dejado inalteradas las relaciones comerciales entre ambas naciones. Se evitó la imposición del arancel estadounidense que hubiera afectado a ese país con incrementos de precios y, en especial, al nuestro con un freno a la actividad económica.
Además, México resistió la tentación, promovida por algunos expertos, de recurrir a medidas de represalia comercial. Con el eufemismo de imponer aranceles 'espejo', esa estrategia no sólo hubiera sido un signo de contradicción al revelar la falta de convencimiento sobre los beneficios del comercio, sino que hubiera amplificado las consecuencias negativas, desencadenando, tal vez, una guerra comercial.
El enfoque fue el adecuado al tratar el fenómeno migratorio con acciones de la misma naturaleza, si bien recayeron sobre nuestro país dos grandes compromisos.
Primero, México deberá tomar acciones para disminuir la migración irregular, lo que incluye el despliegue de un número elevado de elementos de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes en su frontera sur.
Segundo, se expandirá el programa en el que los solicitantes de asilo son regresados a suelo mexicano, mientras aguardan la audiencia con el juez de migración estadounidense.
Las responsabilidades adquiridas por nuestro país son desafiantes. Por una parte, implican la dedicación de una buena parte de la Guardia Nacional a propósitos migratorios, en posible detrimento de su misión de velar por la seguridad pública.
Por otra, el número de migrantes regresados puede alcanzar decenas de miles, por lo que el costo fiscal asociado con las necesidades de alojamiento, alimentación y atención médica, así como la promesa de ofrecer oportunidades laborales, es potencialmente cuantioso.
Finalmente, se convino que en los siguientes noventa días se revisarán los avances y, en caso de insuficiencia, se adoptarán acciones adicionales. Por desgracia, las posibilidades quedan demasiado abiertas, lo que, desde luego, no excluye la eventualidad de nuevas amenazas arancelarias.
En conclusión, el acuerdo bilateral busca ordenar la migración sin entorpecer las relaciones comerciales. Empero, difícilmente podrá reducir las presiones migratorias no sólo por la complejidad de administrar las fronteras, sino por tratarse de un fenómeno natural en el progreso económico.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).