Las protestas en Chile
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Las protestas en Chile

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Las protestas en Chile

20/11/2019

Durante octubre y noviembre, Chile ha experimentado continuas protestas multitudinarias con crecientes reclamos al gobierno.

El origen inmediato del malestar fue la decisión gubernamental de incrementar en 3.7 por ciento las tarifas del metro de Santiago. Las manifestaciones fueron lideradas por grupos estudiantiles que propugnaban por evadir el pago en las instalaciones de transporte. Ante el cierre oficial de estas facilidades, los disturbios se propagaron. La represión por parte de las fuerzas del orden fue severa, lo que generó indignación.

Las demostraciones se han extendido a otras regiones del país y han atraído a capas más amplias de la sociedad. Las demandas han incluido aspectos tan variados como el costo de vida, los precios de la atención médica y los medicamentos, el monto de las pensiones y la calidad del sistema educativo, entre muchos otros.

Resulta difícil descifrar las raíces de las repentinas movilizaciones, las cuales seguramente son múltiples y complejas. Dentro de esta confusión, algunos manifestantes y comentaristas se han apresurado a señalar, como la causa de los problemas, al modelo económico “neoliberal” aplicado por Chile desde mediados de los años setenta del siglo pasado.

El giro económico de entonces se basó en la redefinición del papel del Estado en la economía chilena y la eliminación de obstáculos al funcionamiento de los mercados, lo que, entre otras medidas, implicó la disciplina fiscal, la privatización, la desregulación, la liberalización de la inversión privada y la apertura al exterior.

Con el regreso de la democracia en 1990, la orientación de las políticas públicas se preservó y se adecuó con medidas de corte social, como aumentos en el gasto gubernamental dirigido a la población de menores ingresos y modificaciones a la legislación laboral.

La crítica al modelo chileno carece de fundamento a la luz de sus resultados. De forma destacada, el PIB por habitante se ha más que cuadruplicado, en términos reales, desde 1975 y su nivel actual, ajustado por poder de compra, es casi el doble del promedio de América Latina.

Otros indicadores de bienestar medio, como la caída en la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida, han superado también los correspondientes de la región.

Contrario a la crítica popular, los avances no se han concentrado en los estratos poblaciones de mayores ingresos. Según el Banco Mundial, la tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional, ha descendido de 36 por ciento en 2000 a 8.6 por ciento en 2017.

Asimismo, a lo largo del tiempo, se ha reducido de forma notable la desigualdad del ingreso. Por ejemplo, el coeficiente de Gini —estadística comúnmente utilizada para medir ese fenómeno, con valores que van de cero a cien a medida que aumenta la desigualdad—, cayó en Chile de 57.2 en 1990 a 46.6 en 2017.

Ahora bien, si los resultados agregados son tan favorables, ¿por qué ha proliferado la irritación social en ese país? Al respecto, pueden aventurarse, por lo menos, dos explicaciones, posiblemente complementarias.

En primer lugar, Chile es una economía de ingreso alto, cuyos beneficios podrían no estarse dispersando de una manera suficientemente amplia si se tiene en cuenta su estado de desarrollo. Ello se manifiesta en el hecho de que su coeficiente de Gini es el más elevado de los países de la OCDE, solo superado por el de México.

Además, con el progreso, es inevitable que los consumidores exijan cada vez mejores y más accesibles servicios públicos. Esto se confirma con las manifestaciones registradas en años anteriores que revelaron un descontento con la educación y las pensiones.

En segundo lugar, es probable que el aparente desprestigio de la clase política y las élites refleje una atención gubernamental inadecuada de las demandas sociales, así como la actuación de los grupos de interés para bloquear cambios y beneficiarse del poder de mercado.

El presidente Piñera ha suavizado su postura mediante la propuesta de una agenda de medidas orientadas a contrarrestar los agravios expresados. A esta recientemente se ha añadido un acuerdo político para realizar un plebiscito, en abril de 2020, sobre la conveniencia de una nueva Constitución y, en su caso, el método para redactarla.

El riesgo más serio que enfrenta Chile es el de un retroceso económico, el cual ocurriría si, al introducirse los cambios legislativos, se debilitaran e, incluso, se eliminaran los fundamentos que convirtieron al país en un ejemplo de progreso. El éxito alcanzado durante las últimas cuatro décadas en esa nación sugiere que tal escenario debería evitarse.

Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.