El freno a la apertura del sector energético aplicado por la presente administración inhibe la iniciativa de los particulares, con posibles repercusiones adversas sobre el dinamismo económico.
Después de muchas décadas de un monopolio estatal casi único en el mundo, la reforma de 2013 y 2014 removió barreras para que las empresas privadas pudieran participar en la exploración, extracción, transformación y transporte de hidrocarburos, en la generación de electricidad, así como en toda la cadena de actividades de productos petroquímicos.
La apertura implicó una regulación muy detallada, según la cual los particulares obtienen contratos para llevar a cabo tareas específicas en un segmento de esa industria, mediante licitaciones públicas.
Si bien se trató de un viraje político profundo, la liberalización económica no fue completa, al limitar la participación privada al otorgamiento de permisos y concesiones a discreción del gobierno y preservar el poder de mercado de las dos grandes empresas estatales, Pemex y CFE.
Durante los años recientes, el principal avance de la reforma consistió en el proceso de implementación, que incluyó, de forma preeminente, la adjudicación de más de cien contratos para la exploración y extracción de petróleo y gas en diferentes zonas del país. También se llevaron a cabo licitaciones para la generación de energía eléctrica y el transporte de gas, así como asociaciones estratégicas de Pemex con otras empresas, entre otras acciones.
Por el corto tiempo transcurrido desde el inicio de la transformación, el progreso petrolero se ha observado apenas en el arranque de las inversiones y las actividades de exploración, no en los barriles extraídos, los cuales, a la fecha, no son significativos. Por el contrario, en electricidad, parcialmente porque ya existían esquemas previos de participación, la generación privada ha alcanzado proporciones notables.
El gobierno ha decidido interrumpir los cambios, mediante la suspensión, por tres años, de las nuevas rondas de licitación petrolera, así como de las asociaciones de Pemex, entre otras razones, para comprobar que las compañías involucradas aumentan la producción.
Además, la administración ha pospuesto la siguiente subasta de generación eléctrica, que contemplaba acuerdos de suministro de largo plazo, y ha anunciado su intención de renegociar contratos vigentes con los concesionarios en la construcción y operación de ductos de la CFE, por considerar las condiciones inadecuadas.
Así, en lugar de profundizar en la apertura, el gobierno buscará fortalecer las operaciones de las entidades estatales, con el fin de incrementar la extracción petrolera, la producción de productos refinados, así como la generación eléctrica. Para ello, prevé incrementar la inversión pública.
Tal determinación confirma que la principal limitación prevaleciente en el sector energético, incluso en áreas diferentes a la explotación de yacimientos cuya propiedad es estatal, consiste en que la posibilidad de emprender y producir no constituye un derecho de los individuos, como se supondría en la mayor parte de las actividades económicas, sino un beneplácito de la administración en turno.
El nuevo enfoque oficial conlleva dos grandes problemas. El primero se refiere a la visión de la economía, según la cual el gobierno puede desempeñar funciones empresariales de una mejor manera que los particulares.
Este supuesto parece ignorar la amplia evidencia internacional sobre la evolución inferior de las empresas estatales, caracterizada por el desperdicio y las ineficiencias. En gran medida, ese contraste refleja las diferentes restricciones enfrentadas por los particulares y el gobierno.
Mientras que, en las empresas privadas, los accionistas arriesgan su capital y son premiados o castigados por el mercado según su desempeño, en las públicas se utilizan recursos de la colectividad y se diluye la responsabilidad de los resultados.
El segundo problema tiene que ver con la incertidumbre generada por los cambios en la aplicación de las reglas, reflejados en la revisión de contratos y la posibilidad de una reversión de los mismos. Esta inseguridad se ha magnificado con la cancelación de compromisos asociados a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco.
El desplazamiento del sector privado por parte del gobierno en el sector energético, el posible descuido de las funciones intransferibles del Estado, así como el resultante ambiente de desconfianza podrían limitar no sólo la expansión de esa industria, sino el crecimiento potencial de la economía.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).