La apertura a la participación privada en el sector eléctrico ha fortalecido la capacidad y la calidad en el suministro de este servicio en México. Es deseable que el gobierno impulse aún más este progreso para asegurar una mejor oferta de electricidad.
La energía eléctrica constituye un insumo básico para las actividades económicas y su disponibilidad a bajo costo se traduce en mayores niveles de eficiencia. Asimismo, el abastecimiento seguro de la electricidad es imprescindible para la satisfacción de las necesidades de los consumidores.
La reforma energética de 2013-2014 incluyó la liberalización de obstáculos a la participación de los particulares en todos los eslabones de la cadena productiva eléctrica. La revisión constitucional buscó introducir reglas para el desarrollo de los mercados, con el fin de propiciar la competencia entre los diferentes proveedores y promover una infraestructura más potente y eficiente.
Tales cambios superaron con creces los impulsados mediante modificaciones a las leyes secundarias aprobadas en 1992, las cuales permitían esquemas limitados de participación privada en la generación energética, fundamentalmente para el autoconsumo o la venta a la CFE.
En el nuevo modelo industrial, la CFE, que por mucho tiempo ostentó el monopolio en el suministro nacional de electricidad, debió transformarse en una empresa competitiva. Por su parte, el gobierno recibió el mandato de garantizar el acceso no discriminatorio de proveedores a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, en poder del Estado, así como regular la entrega de electricidad.
También se encargó al gobierno la formación de un mercado mayorista en el que participarían diferentes tipos de oferentes y demandantes y los precios se determinarían competitivamente, de acuerdo con fórmulas prestablecidas. En ese intercambio se negociarían compromisos de abasto de electricidad inmediato y a futuro.
Se permitió que el gobierno realizara subastas de largo plazo para que empresas privadas inviertan en plantas, con el fin de satisfacer la demanda de electricidad y potencia o de energía limpia, es decir aquella generada con tecnologías que evitan o corrigen la emisión de gases contaminantes en la atmósfera. Asimismo, pueden realizarse licitaciones para extender y mejorar las redes de transmisión y distribución, entre otras posibilidades.
Hasta ahora, los avances de la reforma han consistido principalmente en la implantación de las instituciones reguladoras, así como la puesta en marcha de los mecanismos y procesos. Por ejemplo, desde 2016 funciona el mercado eléctrico mayorista.
Además, entre 2015 y 2018, se llevaron a cabo tres subastas de compromisos de generación eléctrica de largo plazo, cuyos precios fueron cada vez menores. En los dos primeros, el adquirente fue la CFE y, en el tercero, intervinieron también compradores privados. Durante 2017, inició operaciones una parte del proyecto de la primera subasta.
Más aún, desde la apertura de 1992 la participación privada en la generación eléctrica ha ido en aumento, hasta representar en la actualidad 43 por ciento de la capacidad instalada. En estos años, las fuentes de energía renovable han acrecentado su importancia y el costo de generación privada ha sido notablemente inferior al de la CFE.
A pesar de ese avance, la obtención y competitividad de la electricidad en México continúan rezagadas respecto a la mayoría de las naciones. Ello queda de manifiesto con las evaluaciones del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, en las que México ocupa un sitio inferior al de más de la mitad de los países analizados.
La actual administración ha decidido frenar la reforma eléctrica suspendiendo la cuarta subasta de contratos de generación eléctrica de largo plazo, así como las licitaciones referentes a la infraestructura de transmisión y distribución. Aparentemente, la intención es volver al modelo de generación centrada en la CFE.
Tal reversión tiene el inconveniente de anular los incentivos a la eficiencia y la competitividad de costos inherentes a los mecanismos de competencia y de mercado, en detrimento de los usuarios. Además, las necesidades de inversión para enfrentar el aumento de la demanda de los próximos años son cuantiosas, lo que representaría una carga fiscal considerable.
En tal situación, resulta preferible que el gobierno promueva el mayor desarrollo del mercado eléctrico para garantizar un abasto accesible y confiable. El regreso al monopolio estatal sólo presionaría las finanzas públicas y reduciría la productividad de la economía.
Exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).