El autor es exsubgobernador del Banco de México y autor de Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006).
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el instrumento, ordenado por la ley, mediante el cual cada gobierno, al principio de su gestión, esboza los objetivos y las estrategias que guiarán su actuación durante el sexenio.
Sus antecedentes en México se remontan a los años treinta del siglo pasado y, al parecer, por mucho tiempo su práctica reflejó la convicción, compartida por muchos países, de que la planificación central era esencial para lograr el desarrollo.
En las épocas recientes, el PND ha fungido, principalmente, como medio para convertir las promesas de campaña en programas gubernamentales. Si bien podría no añadir mucha información respecto a la trazada en las plataformas electorales, su publicación constituye, en principio, un compromiso frente a la sociedad de perseguir ciertos resultados y, por ende, rendir cuentas sobre ellos.
En la práctica, el PND ha servido más como una formalidad requerida para la elaboración de programas sectoriales e informes presidenciales, que como un criterio riguroso para la evaluación del desempeño del gobierno.
Un escollo importante para la valoración ha consistido en la complejidad típica de este documento, cuyo contenido ha resultado con frecuencia vago y su alcance notoriamente extenso. Lo primero se ha observado en la invocación de objetivos abstractos, esgrimidos en diferentes etapas, como la defensa de la soberanía, el fortalecimiento del capital social o la búsqueda de una educación de calidad, y lo segundo en la larga lista de metas, compromisos y programas, cuyo número en algunos casos se ha acercado a la centena.
De ahí que, en la práctica, sea difícil juzgar el cumplimiento de los deberes gubernamentales e incluso comprobar, a ciencia cierta, la realización cabal de las acciones anunciadas.
Una limitación adicional relacionada se refiere a la reiterada práctica de sobrestimar los resultados obtenibles, asociados especialmente al mediano plazo, lo que los convierte en una referencia poco útil para la valuación.
Tal vez no exista un caso más ostensible de carencia de realismo del PND que las metas de crecimiento económico, las cuales repetidamente han incluido tasas de 5 por ciento y 6 por ciento anual para el final de los sexenios. Sin excepción, el dinamismo económico promedio y de fin de período han resultado significativamente inferiores a las correspondientes proyecciones oficiales.
La ausencia de factibilidad de los logros vislumbrados puede responder a varios factores, incluyendo, desde luego, la posible falta de un diagnóstico objetivo sobre la raíz de los problemas, así como la identificación e implementación de medidas adecuadas para su surgimiento. Esto último es crucial en el caso del crecimiento económico, cuyo ambiente propicio suele depender de múltiples factores, muchos de los cuales son institucionales.
Como en periodos anteriores, el PND para 2019-2024 que el Ejecutivo envió a finales de abril pasado a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo, expresa el anhelo de lograr una "mejora radical" en los niveles de bienestar.
De forma similar, contiene metas cuantitativas, si bien algunas carecen de mediciones inequívocas, como la erradicación de la pobreza extrema y el recorte a la mitad de los índices delictivos. Asimismo, promete un crecimiento económico anual de 4 por ciento en promedio y 6 por ciento hacia 2024.
Estas metas parten del supuesto de que el desempeño desfavorable de los gobiernos anteriores provino de la corrupción y el enriquecimiento de los políticos, así como del "desmantelamiento" del sector público, la apertura, la desregulación y otras acciones, que en conjunto son denominadas políticas neoliberales.
Por ello, el nuevo PND anuncia una transformación que busca revertir las tendencias anteriores, con base en principios como la honradez, la austeridad, el fortalecimiento del Estado, la prioridad de los pobres y la prevención de la delincuencia.
Tales premisas dan lugar a estrategias y programas de gran diversidad. Entre otros, en el ámbito político se incorpora la Guardia Nacional, la democracia "participativa" y el combate a la emigración; en el social, la pensión y la atención médica universales, y el derecho a la educación superior; y en el económico, el rescate de Pemex y CFE, una nueva refinería, los proyectos regionales, como el Tren Maya, y el aeropuerto de Santa Lucía.
En suma, el PND de este sexenio postula un enfoque diferente de gobierno. Si bien la necesidad de un cambio estaba justificada a la luz del desempeño insatisfactorio previo, no es evidente que las acciones anunciadas vayan a generar los resultados perseguidos.