Como en la mayoría de los países, en México la moneda extranjera carece de curso legal, por lo que las personas que poseen efectivo de otras jurisdicciones buscan, por lo general, cambiarlo a moneda nacional para realizar transacciones.
Los intermediarios más importantes en el servicio de cambios en efectivo son los bancos; sin embargo, no todos ellos participan y muchos lo ofrecen sólo a sus clientes.
La limitada oferta de este producto se explica, en gran medida, por las crecientes regulaciones aplicadas en casi todas partes del mundo con el fin de prevenir y combatir las actividades ilícitas.
En México, existe una ley federal en la materia y se han hecho cada vez más estrictas las disposiciones. Dentro de esta tendencia, las autoridades financieras han establecido rigurosas condiciones para la recepción de moneda extranjera por parte de las instituciones de crédito.
El servicio cambiario en efectivo implica que los bancos por lo general acumulan excedentes en moneda extranjera, que buscan vender a alguna entidad en el exterior, referida comúnmente como "corresponsal", para dar un mejor uso a los recursos.
Por la estrecha relación con el vecino país del Norte, gran parte de la moneda extranjera en efectivo que entra a México es en dólares estadounidenses. En años recientes, las autoridades de aquella nación han endurecido las reglas y la supervisión de las operaciones que se llevan a cabo en esa moneda, lo que ha involucrado sanciones severas a algunos intermediarios multinacionales.
Las advertencias oficiales y la percepción de riesgos asociados a las transacciones en dólares, especialmente en efectivo, han llevado a muchos corresponsales a cerrar sus operaciones con los bancos de México o a incrementar las exigencias para continuar brindando el servicio.
La iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México, actualmente en el Senado, busca facilitar la captación de moneda extranjera en efectivo por parte de las instituciones financieras, obligando al Banxico a ser el comprador de los excedentes que éstas no puedan repatriar al país de origen.
El temor que alienta la propuesta es que los requisitos de los corresponsales puedan reducir significativamente la disponibilidad del servicio de cambios a los usuarios finales.
Entre otros aspectos, se motiva la iniciativa subrayando la importancia de atender a los migrantes que ingresan al país con dólares en efectivo, admitiendo, sin embargo, que los montos involucrados representan sólo el 1.0 por ciento del total de las remesas.
Desgraciadamente, la propuesta adolece de serias limitaciones. La primera, y más evidente, es que no se dirige a atenuar la fuente de los problemas, consistente en las complicadas regulaciones contra los delitos financieros y la desconfianza externa en los procesos mexicanos para controlar su ocurrencia.
Una alternativa superior sería promover un esfuerzo bilateral de simplificación de normas y mejora en la comunicación entre autoridades sobre la efectividad de los procedimientos de los bancos y hacer, así, más expedita la actividad de corresponsalía.
Una segunda falla es que se busca transferir al Banco de México los riesgos asociados a la posibilidad de recibir moneda extranjera de origen ilegal. Tal presunción es relevante porque los flujos captados por el banco central se concentrarían en los excedentes no aceptados por los corresponsales, los cuales tenderían a ser los más cuestionados y, según la iniciativa, incluirían, además, el dinero incautado por el gobierno proveniente de actividades prohibidas.
Como lo ha advertido con claridad el Banco de México, el peligro de esta transferencia es que el instituto central sea sancionado por las autoridades extranjeras, lo que, entre otras acciones, podría comprender la prohibición para realizar transacciones con contrapartes en el exterior, así como el congelamiento y hasta la confiscación de la reserva internacional.
Estas y otras posibles medidas dificultarían al Banxico el cumplimiento del objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como la función sustantiva de fungir como agente financiero del gobierno.
Los peligros mencionados no deberían subestimarse invocando un falso dilema entre la respuesta a las necesidades sociales y la reputación del Banco de México. Ambos aspectos deben atenderse, lo que requiere vigorizar la fluidez de las operaciones cambiarias y no comprometer la autonomía del Banxico. La pérdida de credibilidad del banco central puede conllevar consecuencias sociales mucho más lamentables que las que pretende evitar la iniciativa.
El autor es exsubgobernador del Banco de México y escritor del libro Economía Mexicana para Desencantados (FCE 2006)