Con el pretexto de dar cumplimiento a la reforma del artículo 4° de la Constitución, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, se han presentado sendas iniciativas que más que atender este derecho fundamental, se concentran en la destrucción de la Comisión Nacional del Agua e invaden competencias que son exclusivas del gobierno federal y de los municipios, violando la propia Constitución.
Pretenden quitar la autoridad al Estado en materia de agua y otorgarlo a "Consejos Ciudadanos" como si esto por si mismo pueda resolver los graves problemas de abastecimiento e infraestructura en el país. Plantea nuevas estructuras de administración "ciudadanas" sin tomar en cuenta los altos costos que esto representaría para el presupuesto federal.
Las iniciativas parten de una supuesta participación ciudadana en la toma de decisiones en torno al recurso hídrico, lo cual en sí mismo es loable y necesario. Sin embargo, la participación como está planteada se extralimita al transferir facultades de los diferentes órdenes de gobierno a nuevas estructuras donde ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros, serán los encargados de la planeación y gestión de un recurso por demás estratégico. Su funcionamiento es cubierto con recursos del presupuesto federal, estatal y municipal, así como a partir de cobros, impuestos, contribuciones y fianzas a las que se somete a "grandes usuarios" como los distritos de riego, o bien, a empresas que se encuentran ya en operación.
Estas contribuciones se manejan a través de esquemas operados posiblemente por fideicomisos, cuyas decisiones de qué apoyar y a quiénes, las toman consejos ciudadanizados. Esta gestión les permitirá definir, entre otras cosas, los volúmenes, la duración y los titulares de las concesiones para el aprovechamiento del agua, llegando incluso al extremo de, en una medida retroactiva: cancelar las ya existentes.
Limitan al Poder Ejecutivo solo a "aprobar" las decisiones que se tomen en los Consejos, pero además ponen en riesgo el desarrollo económico del país al no existir certeza alguna sobre el uso del recurso ni su distribución justa y equitativa.
Por otro lado, los proyectos legislativos exhiben un claro problema de gobernabilidad al permitir que los consejos que proponen crear tomen las decisiones del sector sin adquirir compromiso legal alguno, ya que son las instituciones de gobierno las responsables del cumplimiento de las políticas y programas que de ellos emanen.
Así, en su pretensión de una aparente justicia social, proponen empoderar a los consejos "ciudadanos" para resolver los problemas que denuncian en diversos sectores.
Las iniciativas demuestran poco conocimiento de la situación hídrica a nivel nacional y de las facultades constitucionales de la federación y de los municipios en la materia.
Buscan tomar el control de los cuerpos de agua superficial y subterránea, propiedad de la nación de acuerdo con el artículo 27 constitucional, ya que proponen incidir en la definición y destino del presupuesto anual del sector, así como en las políticas de recaudación a nivel federal. Además, plantean incidir en las políticas locales, llegando al extremo de tomar decisiones sobre los presupuestos estatales y las obras de infraestructura, así como los sistemas de agua municipales.
Por otra parte, las leyes propuestas planean un rediseño institucional que crearía un gran número de estructuras burocráticas y facultaría a terceros autorizados para certificar, verificar o realizar estudios y monitoreos de diversas variables del ciclo hidrológico, lo que representa una importante carga presupuestal. La esencia de las iniciativas, lejos de garantizar el derecho humano al agua que pretenden reglamentar, intentan en algunos casos crear un nuevo escenario mercantil en torno a los servicios que en ellas se plantean. Muy al estilo de la 4T, las propuestas plantean deshacer instituciones como la Conagua; proponen, incluso, evaluar el funcionamiento de tratados y acuerdos internacionales en los cuales se regulan las aguas transfronterizas.
Las iniciativas presentadas no fortalecen las políticas para garantizar el derecho humano al agua, contienen graves violaciones a la Constitución y prácticamente desaparecen a la Conagua.